El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha trasladado a los sindicatos un anteproyecto de ley que plantea la reducción del horario lectivo del profesorado y la disminución de las ratios por aula. En la mesa de negociación celebrada en el Ministerio, las partes discutieron no solo el contenido normativo, sino también la viabilidad práctica de las medidas y su impacto presupuestario.
ANPE manifestó su respaldo al objetivo de mejorar las condiciones laborales y la calidad educativa, aunque subrayó que la eficacia de la norma depende de una financiación adecuada a nivel estatal.
En esa misma reunión, el Ministerio informó de las conclusiones de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado viernes 6 de marzo, donde la mayoría de las comunidades autónomas mostraron afinidad con el texto, si bien solicitaron recursos adicionales.
ANPE advirtió que la memoria económica inicial, fechada en noviembre de 2026, contenía planteamientos que podían llevar a que cada comunidad asumiera costes de forma distinta, lo que aumentaría las desigualdades territoriales. Por ello, pidió un cálculo claro y consensuado que permita la aplicación homogénea de la norma.
Contenido y alcance del anteproyecto
El anteproyecto propone limitar las horas lectivas y establecer topes máximos de alumnado por aula con el objetivo de mejorar la atención y las condiciones docentes. Estas medidas aparecen como modificaciones a la Ley 4/2019 y otras disposiciones orientadas a reforzar el sistema educativo no universitario. El Ministerio subrayó que el texto incorpora una memoria económica y que se acordó crear un grupo de trabajo en la Conferencia Sectorial para perfeccionar esa memoria mientras prosigue la tramitación normativa.
Impacto presupuestario y dudas sobre la financiación
ANPE insistió en que la reducción de horario lectivo y de ratios exige recursos adicionales para contratar profesorado y adaptar infraestructuras. El sindicato señaló que la valoración de noviembre de 2026 indicaba que los costes podrían afrontarse desde los presupuestos autonómicos, una fórmula que a su juicio puede conllevar ritmos dispares de implantación y desigualdades entre territorios. El Ministerio respondió que se había revisado la redacción de la memoria económica para evitar confusiones y que el Estado asume responsabilidades respecto a la financiación autonómica, además de que lo acordado en el grupo de trabajo influirá en la cifra final.
Demandas de ANPE y reactivación de grupos de trabajo
Además de la cuestión presupuestaria, ANPE reclamó la reanudación inmediata de los grupos de trabajo vinculados al Estatuto de la Función Docente, paralizados durante más de un año. Entre los asuntos pendientes figuran la reforma del sistema de acceso y de las oposiciones, el desarrollo de la carrera profesional docente, la integración de los cuerpos en el grupo A1 con la actualización proporcional de complementos, la regulación de la jubilación anticipada en todos los regímenes y la reducción de la burocracia en centros escolares.
Otorgar dignidad profesional y condiciones laborales
Para ANPE, avanzar en estos frentes es imprescindible para dignificar la profesión docente y hacer sostenible la educación pública. El sindicato reclamó que los grupos 1, 2, 3 y 4 retomen sus reuniones —algunos se convocaron solo una vez— para abordar desde la formación inicial hasta la simplificación administrativa que afecta al día a día en los centros. La organización insistió en que estos cambios no pueden limitarse a buenas intenciones: requieren calendarios concretos y partidas presupuestarias verificables.
Siguientes pasos administrativos y contexto de la negociación
Según lo explicado por el Ministerio, antes de elevar el anteproyecto al Consejo de Ministros faltan informes sectoriales, en concreto el del Ministerio de Función Pública y el de Hacienda. También se confirmó la voluntad de reactivar los grupos de trabajo para continuar negociando las diferentes materias que afectan al profesorado. La mesa de negociación contó con la representación del Ministerio —incluyendo la Subsecretaría de Estado y la Secretaría General Técnica— y con los sindicatos ANPE, CCOO, STE, CSIF, UGT, CIG y ELA, que plantearon distintas prioridades y matices.
En el encuentro celebrado en Madrid, 12 de marzo de 2026, intervinieron Francisco Venzalá y Ramón Izquierdo como representantes de ANPE. El sindicato concluye que apoya la norma siempre que se garantice la financiación suficiente y la igualdad de condiciones entre comunidades. ANPE también anima a los docentes a informarse y participar: por ejemplo, ofrece canales como su Telegram regional para seguir novedades y recuerda la posibilidad de afiliarse para acceder a cobertura sindical. El debate continúa y las próximas reuniones del grupo de trabajo serán claves para definir cómo y cuándo se concretarán las medidas.