La Casa Blanca ha puesto en marcha una nueva ronda de gravámenes sobre las importaciones, una decisión que ha vuelto a situar la política comercial en el centro del debate público y financiero. El Gobierno aplicó inicialmente un arancel general del 10% que posteriormente se elevó al 15%, apoyándose en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 como justificación.
Esta maniobra pretende cubrir un vacío tras la anulación judicial de aranceles previos, pero ha encendido alarmas entre economistas, juristas y agentes del mercado.
La administración sostiene que los gravámenes son temporales y sirven como un puente mientras se preparan otras medidas comerciales bajo herramientas legales distintas.
No obstante, la naturaleza de la justificación y la propia eficacia de los aranceles para corregir desequilibrios internacionales han generado un rechazo notable en ámbitos técnicos y académicos.
Base jurídica y alcance de la medida
El Ejecutivo invocó la Sección 122, que permite imponer aranceles hasta por 150 días cuando existen «problemas fundamentales de pagos internacionales», como déficits significativos en la balanza de pagos o una depreciación pronunciada de la moneda.
Desde el Tesoro se ha explicado que esa ventana temporal se utilizará para mantener ingresos fiscales y evitar un vacío de política comercial mientras se tramitan acciones bajo otras secciones, como la 232 y la 301, que requieren investigaciones previas.
Sin embargo, la invocación de la Sección 122 abre interrogantes jurídicos. Especialistas en derecho comercial subrayan que la administración debe demostrar las condiciones exigidas por la ley y que esta disposición no se ha empleado con frecuencia en el contexto moderno del comercio global. Además, algunos abogados del propio Gobierno habían antes señalado límites en el uso de esta herramienta para justificar aranceles basados en déficits comerciales, lo que complica la defensa ante posibles impugnaciones.
Posibles recursos y escenarios legales
La decisión podría desencadenar demandas en tribunales nacionales e incluso disputas a nivel internacional. Los críticos apuntan que la medida podría ser objeto de recursos rápidos, lo que sumaría más incertidumbre en un calendario donde los aranceles solo pueden permanecer vigentes 150 días. Esa temporalidad, señalan varios analistas, puede hacer que la medida caduque antes de que se resuelvan litigios clave.
Reacción de los economistas y evaluación del diagnóstico
El punto de mayor controversia es la afirmación de que Estados unidos enfrenta una crisis de balanza de pagos. El Gobierno cita el déficit comercial y la posición neta de inversión internacional —una cifra que refleja un saldo negativo notable— como evidencia de alarma. No obstante, numerosos economistas consideran que esos indicadores no constituyen prueba de una crisis de pagos en el sentido tradicional.
Expertos señalan que una auténtica crisis implicaría una salida masiva de capitales y una depreciación pronunciada del dólar, fenómenos que hoy no se observan: el dólar sigue siendo fuerte, los flujos de inversión hacia el país continúan y los mercados financieros mantienen confianza. Voces destacadas del ámbito internacional han manifestado que unos aranceles de corta duración difícilmente reducirán de forma estructural los déficits comerciales y que, más bien, podrían generar volatilidad adicional.
Impacto práctico sobre el comercio
En el terreno operativo, la imposición de gravámenes suele provocar desplazamientos temporales en el comportamiento de las empresas: importadores adelantan compras para evitar las tarifas, creando picos de demanda que no alteran la tendencia subyacente del déficit. Además, parte del deterioro de la posición neta de inversión se explica por la fuerte subida de valoraciones bursátiles internas, un fenómeno que refleja atractivo para los inversores más que incapacidad de financiación.
Consecuencias para mercados y socios comerciales
Más allá del debate técnico y legal, la medida reintroduce un factor de incertidumbre en las decisiones de inversión y en las cadenas globales de suministro. Empresas importadoras, consumidores y países socios tendrán que adaptarse a un escenario donde las reglas comerciales pueden cambiar en semanas. Esa inestabilidad puede traducirse en mayor volatilidad en los mercados y en costos adicionales para firmas que dependen de insumos extranjeros.
Mientras tanto, los observadores internacionales y el sector privado siguen atentos a posibles impugnaciones judiciales y a la evolución de las políticas complementarias que el Gobierno pretende activar.
La controversia combina elementos técnicos, legales y políticos: la reivindicación de medidas proteccionistas por parte del Ejecutivo, las dudas técnicas planteadas por expertos y el riesgo de nuevas batallas en los tribunales configuran un clima de incertidumbre cuya resolución condicionará la estabilidad de las reglas del comercio exterior y la confianza de los mercados.