En un giro significativo para el sector de las criptomonedas el presidente estadounidense Donald Trump ha aceptado las normas éticas incluidas en el proyecto de ley CLARITY también conocido como Digital Asset Market Clarity Act. Este acuerdo allana el camino para una regulación clara y definida de los activos digitales en Estados Unidos, un tema que ha generado incertidumbre durante años.
La ley CLARITY busca repartir la supervisión de los criptoactivos entre la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) y la Comisión del Mercado de Valores (SEC) poniendo fin al actual sistema fragmentado que ha dependido en gran medida de acciones de supervisión y litigios.
El acuerdo ético y sus implicaciones
El proyecto de ley, que incluye un paquete ético revisado, había estado estancado durante meses debido a las objeciones de Trump. Sin embargo, tras meses de negociaciones, el presidente ha accedido a las disposiciones que exigen a los altos cargos federales y sus cónyuges desprenderse de importantes tenencias de criptomonedas o colocarlas en un fideicomiso ciego. Además, se les prohibirá emitir o patrocinar activos digitales mientras permanezcan en el cargo.
Esta concesión es significativa, ya que los demócratas habían reclamado restricciones vinculantes que la Casa Blanca había rechazado hasta ahora. La senadora Cynthia Lummis republicana de Wyoming y líder en la legislación sobre criptomonedas en el Senado, afirmó que Trump «aceptó voluntariamente nuevas disposiciones éticas».
El impacto en el mercado cripto
La noticia del avance en la ley CLARITY ha tenido un impacto inmediato en los mercados de criptomonedas. Bitcoin subió un 1,3% en la mañana del lunes, alcanzando alrededor de 77.700 dólares. El movimiento más acusado se produjo en HYPE el token de Hyperliquid que avanzó más de un 3% hasta situarse en torno a 80 dólares.
Hyperliquid gestiona el mayor intercambio descentralizado de futuros perpetuos, contratos sin fecha de vencimiento, y canaliza una parte sustancial de todo el volumen de derivados en cadena. Wall Street se ha acercado rápidamente a esta plataforma, con tres ETF al contado estadounidenses lanzados en mayo y S&P Dow Jones autorizando el uso del S&P 500 para un contrato perpetuo.
Los próximos pasos legislativos
A pesar del avance, conviene ser cautos con los plazos, ya que la votación del martes es una moción de cierre de debate que solo abre la discusión y exige 60 votos. Los republicanos cuentan con 53 escaños, por lo que al menos siete senadores demócratas tendrían que apoyar la medida. Las enmiendas, la aprobación definitiva y el acuerdo con la Cámara aún tendrían que encajar en un calendario cada vez más ajustado antes de la campaña de mitad de mandato.
La senadora Lummis ha advertido de que un fracaso ahora podría retrasar la legislación hasta 2030, dejando la cuestión en manos del próximo Gobierno estadounidense. Este escenario subraya la importancia de los próximos días en la definición del futuro regulatorio de los criptoactivos en EE.UU.
Europa ya tiene sus normas y las está revisando
Mientras tanto, la Unión Europea se ha adelantado en materia regulatoria. El reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) está en vigor en todo el bloque desde diciembre de 2024 y ha proporcionado a Europa un régimen único de licencias mientras Washington discutía sobre la jurisdicción.
El MiCA establece obligaciones de información más ligeras para la mayoría de los criptoactivos, desde Bitcoin hasta los tokens más pequeños, mientras que los tokens referenciados a activos y los tokens de dinero electrónico están sometidos a un régimen más estricto. Además, los intercambios, custodios y brókeres deben registrarse como proveedores de servicios de criptoactivos y cumplir requisitos de capital, normas de gobernanza y reglas sobre la gestión de los fondos de los clientes.
La principal ventaja del régimen para las empresas es el llamado pasaporte europeo ya que una firma autorizada en un Estado miembro puede operar en los 27 sin tener que solicitar nuevas aprobaciones. Sin embargo, este marco está ahora en revisión, con la Comisión Europea abriendo una consulta sobre el funcionamiento práctico de MiCA, que concluye el 30 de septiembre tras una prórroga de un mes.
