México está intensificando su batalla contra el lavado de dinero con una serie de nuevas regulaciones que afectan a una amplia gama de sectores. Estas medidas, publicadas por la Secretaría de Hacienda buscan fortalecer los controles para identificar clientes, rastrear operaciones y detectar recursos de procedencia ilícita. Entre los sectores más afectados se encuentran los desarrolladores inmobiliarios, concesionarios de vehículos, prestamistas no bancarios, casinos, comerciantes de arte y joyería, y especialmente las plataformas de criptomonedas.
La reforma introduce cambios significativos para los proveedores de servicios considerados de actividades vulnerables. Estas empresas deberán recabar, conservar y compartir más información con las autoridades de inteligencia financiera. Además, se les exige implementar sistemas automatizados de vigilancia, realizar auditorías anuales y establecer mecanismos más estrictos para identificar al beneficiario controlador es decir, la persona que en última instancia posee o controla un negocio.
Presión internacional y compromisos multilaterales
El acuerdo llega en un momento de creciente presión sobre México para cortar los flujos financieros de las organizaciones criminales. Estados Unidos ha intensificado su escrutinio sobre las redes de los cárteles mexicanos, utilizando herramientas de inteligencia, seguridad y monitoreo de recursos. Recientemente, Washington designó al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista extranjera, lo que ha aumentado la presión sobre el grupo y sus conexiones.
Álvaro Vértiz, socio de la firma asesora DGA Group explica que estas medidas van en línea con la presión ejercida por Estados Unidos y los compromisos de México con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). «En el fondo hay una doble presión: la multilateral y la bilateral, con Washington», añade Vértiz.
Como miembro del GAFI, México debe implementar y demostrar la efectividad de sus estándares antilavado, así como la capacidad para identificar quién mueve el dinero y lo controla, detectar operaciones sospechosas, congelar y decomisar activos, y procesar judicialmente a los responsables. La norma incluye procedimientos específicos para conocer mejor a los clientes y elevar banderas rojas en operaciones atípicas.
Criptomonedas bajo la lupa
Uno de los cambios más relevantes afecta a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas. Estas empresas deberán conservar registros detallados de sus operaciones hasta por diez años para garantizar la trazabilidad de las transacciones con bitcoins y otros activos virtuales. Además, deberán reportar actividades sospechosas dentro de las 24 horas posteriores a su identificación.
Según un análisis de la normativa elaborado por la firma de consultoría Miranda Intelligence el endurecimiento de las obligaciones para las empresas de criptomonedas responde a un riesgo creciente en la ofensiva contra el crimen organizado. Las monedas virtuales son cada vez más utilizadas para mover fondos entre clientes y países con rapidez, bajos costos y discreción.
Como muestra de la escalada, esta semana un ciudadano mexicano se declaró culpable en EE UU de participar como intermediario en una red para lavar unos 1,9 millones de dólares provenientes de ganancias del narcotráfico, mediante transferencias bancarias y criptomonedas. El acusado enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión, según informó el Departamento de Justicia.
De acuerdo con Chainalysis firma de análisis del ecosistema cripto, el volumen de transacciones ilícitas en criptomonedas alcanzó al menos unos 154.000 millones de dólares en 2026, impulsado por un aumento en la evasión de sanciones financieras vinculadas a países como Irán y Rusia, pero también como una herramienta para mover ganancias ilícitas entre fronteras.
Identificación del beneficiario controlador
Otra gran apuesta de las autoridades es desenredar las estructuras corporativas, reduciendo los espacios de anonimato de las empresas y fideicomisos utilizados para mover o esconder activos. Por ello, se obliga a las entidades a identificar a la persona física que realmente posee o controla una organización. Entre otros criterios, deberán identificar a quienes tengan el 25% o más de las acciones, ejerzan control sobre la empresa o formen parte de su alta dirección.
El concepto de beneficiario controlador es central para las nuevas reglas: el objetivo no es únicamente conocer qué empresa realiza una operación, sino llegar hasta la persona que está detrás de ella. La reforma también endurece el escrutinio sobre las llamadas Personas Políticamente Expuestas (PEP) funcionarios que desempeñan o han desempeñado cargos públicos destacados en México o en el extranjero, así como sus familiares cercanos y socios patrimoniales.
Estas personas estarán sujetas a una vigilancia reforzada para prevenir el blanqueo. La categoría alcanza a jefes de Estado o de Gobierno, líderes políticos, funcionarios judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o miembros de partidos políticos. También contempla a sus cónyuges, concubinas o concubinarios y familiares.
Las autoridades y organismos públicos deberán alimentar una base de datos con información detallada de estos servidores públicos y sus dependientes económicos, en una plataforma administrada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La información permitirá a las entidades financieras y demás sujetos obligados a cruzar información para reforzar sus controles.
El cambio, en esencia, apunta en dos direcciones: saber de dónde viene el dinero y saber quién está detrás de él, incluso más allá del ámbito tradicional de la banca. Ahora, la prueba para la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum será convertir el nuevo arsenal de obligaciones en investigaciones, decomisos y condenas.
