La expansión del uso de criptomonedas en Bolivia ha generado retos prácticos y regulatorios que las autoridades buscan enfrentar mediante formación y cooperación internacional. Aunque el Banco Central de Bolivia (BCB) levantó la prohibición en junio de 2026 y autorizó canales e instrumentos electrónicos para operaciones con activos virtuales, el BCB mantuvo claro que el boliviano sigue siendo la única moneda de curso legal. Esa dicotomía —apertura operativa sin reconocimiento como moneda oficial— obliga a combinar regulación, supervisión y capacitación técnica.
El incremento del uso de criptoactivos no ha sido solo cuantitativo sino también cualitativo: en 2026 las transacciones crecieron un 630% y superaron los 588 millones de dólares. Ese volumen, y el carácter de anonimato que ofrecen ciertos instrumentos, han alertado sobre riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, además de la utilización de plataformas internacionalmente señaladas por su vulnerabilidad en materia de prevención.
Por qué la capacitación es prioritaria
La complejidad técnica de las operaciones con criptoactivos exige conocimientos especializados para detectar y perseguir conductas ilícitas. El uso creciente de estas herramientas por parte de comercios y pequeños negocios desde 2026, motivado por su aparente estabilidad frente a la moneda local y la facilidad de pagos, ha ampliado el universo de transacciones que deben ser monitorizadas. Por ello, resulta imprescindible dotar a los operadores del sistema de justicia de habilidades concretas para interpretar flujos, identificar patrones y coordinar respuestas.
Riesgos operativos y jurídicos
Entre los principales riesgos están el uso de exchanges y plataformas que presentan brechas en controles conozca a su cliente (KYC) y en la evaluación de riesgos; la circulación transfronteriza de fondos sin trazabilidad clara; y la confusión sobre el estatus legal de los activos. Aunque el BCB habilitó medios de pago electrónicos para estas operaciones, la ausencia de un estatus de moneda oficial para las criptomonedas complica decisiones judiciales y administrativas al momento de incautaciones o decomisos.
El curso organizado por la Unión Europea
Frente a ese panorama, un proyecto de la Unión Europea sobre la lucha contra el crimen organizado en Bolivia organizó un curso especializado para agentes del orden. Las sesiones se desarrollaron en Cochabamba y Santa Cruz, con la participación de dos expertos europeos en cibercrimen e investigación financiera, que aportaron metodologías y experiencias prácticas aplicables al contexto boliviano.
Perfil de los asistentes y objetivos
Policías, fiscales y analistas de la Unidad de Investigaciones Financieras asistieron a la formación con el propósito de fortalecer capacidades para identificar operaciones sospechosas, construir cadenas probatorias y emplear herramientas analíticas en investigaciones sobre blanqueo. El enfoque práctico incluyó estudios de caso, análisis de plataformas con reportes de riesgo y ejercicios para rastrear activos digitales y su conexión con actividades ilícitas.
Impacto esperado y pasos siguientes
Los conocimientos adquiridos buscan traducirse en investigaciones más eficaces y en una mejor coordinación entre instituciones nacionales e internacionales. Un mayor dominio técnico permitirá a las autoridades detectar señales de alerta, solicitar cooperación internacional cuando se identifiquen plataformas problemáticas y proponer mejoras normativas. Además, refuerza la necesidad de formación continua frente a un mercado que evoluciona rápidamente.
En paralelo, expertos y autoridades destacan la urgencia de desarrollar marcos de supervisión más robustos y sistemas de intercambio de información entre actores públicos y privados. Solo con procesos regulatorios claros, controles más estrictos en plataformas y personal capacitado será posible mitigar los riesgos de uso ilícito de criptomonedas sin obstaculizar la innovación financiera.
Conclusión
La experiencia boliviana muestra que la apertura regulatoria y la adopción tecnológica deben acompañarse de inversión en formación especializada y coordinación internacional. La intervención de la Unión Europea y la respuesta de cuerpos como la Unidad de Investigaciones Financieras son pasos relevantes para enfrentar el desafío de los criptoactivos en el terreno del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, manteniendo el principio de que el boliviano continúa siendo la única moneda de curso legal.