El Govern liderado por Salvador Illa (PSC), en alianza con ERC y varios agentes económicos de la comunidad, ha hecho público el borrador básico de un ente destinado a supervisar la ejecución de las inversiones estatales en Catalunya. La iniciativa responde a una reclamación de larga trayectoria por parte del nacionalismo y forma parte de la negociación política que vincula la aprobación de los presupuestos autonómicos con avances en materia de competencias y gobernanza.
La propuesta apuesta por un modelo paritario en el que Estado y Generalitat comparten representación y voto en el organismo. ERC ha anunciado que llevará la creación de este instrumento al Congreso a finales de abril, y fuentes cercanas a la negociación describen la medida como una pieza central para desbloquear el apoyo republicano a las cuentas públicas de Catalunya.
Qué propone el consorcio y su composición
El texto básico plantea un consorcio formado por miembros del Ejecutivo central, de la Generalitat y de organizaciones económicas como Pimec, el Círculo de Economía y la Cámara de Comercio de Barcelona.
La idea es que el organismo no solo supervise, sino que también planifique y gestione las inversiones estatales en el territorio, elaborando un plan quinquenal que priorice obras y proyectos. Entre las metas figura garantizar una ejecución mínima cercana al 95% de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado y, si no se alcanza, transferir la diferencia a la Generalitat para su ejecución directa.
Mecanismo de supervisión
En su funcionamiento operativo, el consorcio actuaría como garante de que las partidas incluidas en los presupuestos se materialicen. Si al cierre del ejercicio determinadas partidas estatales no se hubieran ejecutado, el ente podría asumir esos importes pendientes y reasignarlos a proyectos que considere prioritarios para Catalunya. Este mecanismo busca corregir la histórica desinversión y dotar a la administración catalana de herramientas para asegurar la materialización de infraestructuras esenciales.
Gobernanza de infraestructuras: El Prat y más allá
Paralelamente a la propuesta del consorcio, el president Illa ha señalado la voluntad del Govern de participar de forma relativamente inmediata en la gobernanza del Aeropuerto El Prat, una demanda histórica que trasciende las divisiones partidistas y que también tiene apoyo en amplios sectores empresariales. La participación catalana en la toma de decisiones sobre aeropuertos y puertos se plantea como una pieza clave para ofrecer a ERC una ganancia competencial tangible sin vulnerar los marcos legales vigentes.
Alcances competenciales y otras reclamaciones
Además de la gobernanza aeroportuaria, los republicanos mantienen otras demandas: el refuerzo de la Hacienda catalana y el traspaso de la gestión del IRPF figuran entre las aspiraciones más ambiciosas, aunque difíciles de resolver antes de cerrar el calendario presupuestario. También se han puesto sobre la mesa el avance en la gestión de Rodalies, la posible transferencia de prestaciones por desempleo o competencias en Salvamento Marítimo, y medidas para promover y blindar la lengua catalana en actos administrativos y educativos.
Calendario político y retos para la aprobación
La negociación ha acelerado desde que el Govern decidió retirar temporalmente su proyecto de presupuestos para ganar margen de maniobra. Los contactos formales se intensificaron a finales de marzo, y las fuentes recuerdan que parte del objetivo es tener tramitación parlamentaria en marcha para el periodo estival, con previsiones que sitúan la ventana de decisión en las próximas semanas. Al mismo tiempo, el consorcio necesitará la aprobación del Congreso para ver la luz, por lo que su recorrido legal y político será determinante.
Actores como los Comuns han planteado condiciones adicionales sobre vivienda y control de promotores, lo que añade capas de complejidad a un acuerdo que, si se cierra, implicará un replanteamiento de cómo se planifican y ejecutan las grandes obras en Catalunya. En conjunto, la iniciativa combina objetivos técnicos —mejor ejecución y planificación— con compensaciones políticas para articular mayor capacidad de decisión en infraestructuras clave.