Valencia, 25 de mayo de 2026. En la sede de la Diputación de Valencia se celebró la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La sesión, la primera bajo la presidencia de José Francisco Salado, reunió a las cabezas de las administraciones provinciales e insulares con un objetivo común: reclamar una financiación local que responda a la realidad de los servicios que prestan los gobiernos locales.
Los participantes coincidieron en que la actual configuración del sistema financiero territorial no se adapta a la creciente transferencia de competencias y a las necesidades variables de los municipios. La comisión subrayó que la igualdad entre ciudadanos no depende solo de leyes o declaraciones, sino de la dotación efectiva de recursos que permita prestar servicios públicos con calidad.
Diagnóstico: problemas que afectan al día a día municipal
Los responsables provinciales pusieron sobre la mesa ejemplos que ilustran las limitaciones del sistema. Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, describió situaciones concretas como municipios que gestionan atención sanitaria con horarios reducidos, localidades que han de cubrir necesidades de acogida con presupuestos congelados o núcleos costeros cuya población se multiplica en verano sin que la financiación tenga en cuenta la estacionalidad.
Se destacó además el caso del municipalismo rural: pueblos que siguen presupuestariamente anclados a niveles de hace una década mientras afrontan despoblación y costes crecientes. En paralelo, se mencionó la realidad de alcaldes que solicitan créditos para poder pagar nóminas y que, por ello, aplazan inversiones de futuro. Todo ello evidencia, según la comisión, que las transferencias actuales no reconocen el coste real de los servicios.
Propuestas y demandas: qué piden las diputaciones
La declaración conjunta aprobada por la comisión plantea varias líneas de actuación. En primer lugar, reclama una reforma real de la financiación local y la actualización urgente del sistema de participación en los ingresos del Estado, medidas que, a juicio de los presentes, deben incorporar parámetros que consideren estacionalidad, dispersión poblacional y envejecimiento.
Otra demanda esencial es el reconocimiento explícito del coste real de los servicios públicos en los diferentes territorios y el refuerzo de la autonomía local, entendida como la capacidad de decidir y gestionar con los recursos suficientes. Este planteamiento busca que las diputaciones y consells sean dotados de un marco competencial y financiero acorde con las responsabilidades que ya desempeñan.
Reclamación a administraciones superiores
Desde la presidencia de la comisión, José Francisco Salado instó al Gobierno de España y a las comunidades autónomas a escuchar al municipalismo cuando elaboren normativas que implican transferencias de competencias. Salado insistió en que no basta con delegar funciones: es imprescindible que lleguen los recursos para prestarlas con calidad.
En la misma línea, Javier Fernández de los Ríos, vicepresidente de la comisión, defendió que las diputaciones son garantes de la cohesión territorial y que su labor es esencial para garantizar servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes. Por ello, reclamó que lo local se reconozca en la arquitectura constitucional como un escalón del Estado con voz propia.
Impacto y seguimiento: lo que se espera tras la cumbre
Los asistentes esperan que la cumbre de Valencia marque un antes y un después en la agenda de financiación local. En el encuentro se valoró el acuerdo del Consejo Municipalista Andaluz como un punto de partida para elaborar propuestas y documentos de trabajo que sirvan de base a futuras negociaciones con administraciones autonómicas y con el Ejecutivo central.
Además, la comisión anunció que vigilará proyectos legislativos que afectan directamente a lo local, como la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Contratos del Sector Público, para garantizar que cualquier transferencia normativa vaya acompañada de la correspondiente dotación económica.
Conclusión
Los representantes provinciales e insulares cerraron la jornada con un mensaje compartido: un Estado fuerte necesita municipios fuertes. La petición de recursos adecuados, con criterios que reflejen realidades diversas —desde la estacionalidad hasta la dispersión demográfica—, aspira a que la igualdad entre ciudadanos deje de ser solo un lema y se convierta en una práctica sostenida por financiación local suficiente y por un verdadero refuerzo de la autonomía local.