El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un polémico proyecto de Real Decreto para regular los centros de datos, lo que ha generado una fuerte reacción en el sector. Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, ha alertado sobre las posibles consecuencias negativas de esta normativa, que podría afectar a inversiones milmillonarias y a la competitividad de España en el ámbito tecnológico.
La Comunidad de Madrid, que concentra la mayor inversión en centros de datos del país, se encuentra en el centro de esta controversia. Con 56 proyectos en marcha, de los cuales 41 ya están en funcionamiento, la región está en riesgo de perder una parte significativa de su atractivo para las inversiones extranjeras.
El impacto económico de la nueva regulación
Según la patronal Spain DC, el sector de los centros de datos podría generar inversiones por valor de 67.000 millones de euros hasta 2030, creando 25.000 puestos de trabajo. En Madrid, se estima que la inversión podría alcanzar los 26.250 millones de euros, con una capacidad instalada de 734 megavatios para 2028. Sin embargo, el nuevo decreto podría poner en riesgo estos proyectos.
El consejero López-Valverde ha señalado que los centros de datos son la piedra angular de la economía digital y que las exigencias del decreto, como un PUE de 1,15 son difíciles de cumplir incluso para los centros más eficientes. Además, la obligación de que el 80% del consumo energético provenga de fuentes renovables plantea desafíos significativos, ya que la energía renovable depende de condiciones climáticas variables.
Las exigencias del decreto y sus consecuencias
El decreto exige que los centros de datos cumplan con requisitos estrictos de eficiencia energética y uso de energías renovables. Sin embargo, López-Valverde ha criticado que estas exigencias son retroactivas y que no tienen en cuenta la realidad del sector. Por ejemplo, la obligación de que las plantas de energía renovable sean construidas dentro de un plazo de 18 meses respecto a la entrada en funcionamiento del centro de datos podría obligar a las empresas a invertir en nuevas infraestructuras, lo que resultaría en un coste elevado y una falta de viabilidad económica.
Además, las multas previstas en el decreto, que pueden llegar hasta el 500% del precio unitario de los peajes, generan una incertidumbre descomunal en el sector. López-Valverde ha señalado que esta medida podría ahuyentar las inversiones y afectar negativamente a la economía digital de España.
La postura de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha pedido la retirada del Real Decreto y ha instado al Gobierno a sentarse con los diferentes interesados para encontrar una solución consensuada. López-Valverde ha criticado que el decreto no aborda los problemas estructurales del sector, como la ineficiencia en la planificación energética, y que se trata de una medida coyuntural que no resolverá los desafíos a largo plazo.
Además, ha señalado que el decreto podría tener un impacto negativo en el sector de las energías renovables, ya que obligaría a las empresas a construir nuevas infraestructuras cuando aún no se han amortizado las anteriores. Esto resultaría en una inversión enorme y poco viable en el corto plazo.
La Comunidad de Madrid, que concentra la mayor inversión en centros de datos del país, ha alertado sobre las posibles consecuencias negativas de esta normativa, que podría afectar a inversiones milmillonarias y a la competitividad de España en el ámbito tecnológico. La patronal Spain DC ha pedido cambios sustanciales antes de la aprobación definitiva del decreto, mientras que la Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno a buscar una solución consensuada que tenga en cuenta las necesidades del sector.
