Las cifras que aparecen en los comunicados del Gobierno contrastan con los datos obtenidos por organismos independientes. Un estudio reciente de Funcas muestra que, en 2025, el esfuerzo real de financiación del sector público español ascendió al 4 % del PIB, mientras que el déficit reportado oficialmente se situó en el 2,4 %. Esta diferencia supone un desajuste del 67 % y explica por qué la deuda pública no ha retrocedido como se esperaría pese al crecimiento económico y a la mejora de la recaudación tributaria.
Operaciones financieras que no aparecen en el déficit convencional
La contabilidad pública europea clasifica como gasto únicamente aquellas erogaciones que no generan derechos de cobro futuros. Así, el pago de salarios, subvenciones o pensiones se registra como gasto público, pero la compra de acciones, los préstamos a empresas o las recapitalizaciones aparecen como transacciones financieras. Estas operaciones pueden requerir emisión de deuda, aunque no aumenten el déficit según la normativa europea. Entre 2023 y 2025, el Estado autorizó 47.700 millones de euros en modificaciones de crédito para financiar estas actividades, lo que equivale a un promedio de casi 16.000 millones al año. No todas esas autorizaciones se han ejecutado en su totalidad, pero representan una fuente potencial de endeudamiento que el déficit oficial no refleja.
El coste de las pensiones y la «hucha» de la Seguridad Social
En paralelo, el sistema de pensiones muestra una vulnerabilidad que el Ejecutivo suele minimiza. La Deuda de la Seguridad Social ya supera los 136.000 millones de euros y la denominada «hucha» –reserva destinada a equilibrar las cuentas– apenas cubre una nómina mensual. Según datos presentados por el Grupo Mutua, las transferencias estatales necesarias para cubrir las obligaciones con más de 9 millones de jubilados podrían alcanzar los 60.000 millones de euros en 2026, lo que equivale al 3,5 % del PIB y supera el déficit público proyectado para ese año (2,5 %). Esta cifra, si se materializa, absorberá gran parte de la capacidad de emisión de deuda del Estado y aumentará la presión sobre las finanzas públicas.
Deuda pública por habitante y evolución del ratio de endeudamiento
El impacto conjunto de ambos factores se refleja en la deuda per cápita. Hace ocho años, la carga de deuda rondaba los 24.800 euros por ciudadano; hoy supera los 35.000 euros, con una población que ha pasado de 46,7 a casi 50 millones de habitantes. En términos relativos, la deuda total alcanzó el 101,4 % del PIB al cierre del segundo trimestre de 2026, situándose como la quinta más alta de la zona euro, sólo por detrás de Grecia, Italia, Francia y Bélgica. Aunque el crecimiento nominal del PIB ha permitido que la ratio caiga ligeramente en algunos años, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que los factores que han favorecido esa reducción están menguando, y que la subida de los tipos de interés trasladará mayores costes de refinanciación a futuro.
La brecha entre el déficit anunciado y la necesidad real de financiación, sumada al peso creciente de las pensiones y al aumento de la deuda per cápita, plantea un escenario en el que España deberá buscar nuevas fuentes de recursos o replantear su política fiscal. Ignorar estas discrepancias puede llevar a un deterioro oculto de la solvencia pública, que a la larga repercutirá en la capacidad de la nación para responder a crisis y mantener sus compromisos sociales.
