El Ejecutivo español confía en obtener en las próximas semanas la autorización de la Comisión Europea para un sexto pago de los fondos Next Generation EU por alrededor de 7.000 millones de euros. Ese avance, sin embargo, no borra la realidad: aún quedan por desbloquear cerca de 24.400 millones, lo que equivale a aproximadamente un 25% del total comprometido para España.
La prisa no es casual. Todos los Estados miembro tienen el mismo techo temporal para completar los programas asociados a estos recursos: el plazo tope fijado por la UE obliga a cerrar compromisos antes de que concluya el periodo establecido. El Gobierno ha puesto el foco en la denominada última milla, la fase en la que se rematan hitos y objetivos pendientes para reclamar los desembolsos finales.
Qué se ha logrado y qué queda por completar
Según cifras oficiales, España ha cumplido ya un gran número de requisitos planteados por Bruselas, con más de 260 hitos y objetivos verificados. La petición para el sexto desembolso incluye la validación de otros 80 hitos adicionales que la Comisión está analizando. Con su aprobación, el país alcanzaría el 75% del plan ejecutado en términos financieros.
No obstante, la fotografía completa muestra un saldo pendiente: hasta la fecha se han ingresado unos 71.000 millones de euros, sumando transferencias no reembolsables y préstamos. Tras el hipotético sexto pago, el Ejecutivo todavía tendría que gestionar 18.700 millones en subvenciones y 5.750 millones en créditos blandos. Ese paquete restante es el que concentra la tensión política y técnica de las próximas semanas.
El calendario y las limitaciones parlamentarias
El Gobierno recuerda que el calendario no es ampliable y que el 31 de agosto es la fecha límite para completar los programas exigidos por la UE. Además del ritmo administrativo, existe un factor político: la debilidad parlamentaria complica la tramitación de determinadas reformas y medidas que tenían rango de ley. Para sortear ese escollo, el Ejecutivo ha optado por reconfigurar parte del plan y sustituir normas pendientes por iniciativas que pueda desplegar sin mayoría adicional.
Decisiones estratégicas: préstamos, renuncias y ajustes
En un movimiento relevante, España renunció a una parte sustancial de los créditos blandos inicialmente asignados, reduciendo el volumen de préstamos que finalmente solicitará. El Gobierno justificó esta renuncia explicando que el Plan nació en un contexto de crisis por la pandemia y que, al priorizar las reformas vinculadas a las transferencias no reembolsables, la utilidad de endeudamiento preferente se atenuó.
Otros Estados, por ejemplo, optaron por solicitar más préstamo inicialmente para disponer de liquidez al principio, lo que ha marcado diferencias en la utilización de los instrumentos. Esa estrategia ha dejado a España con margen para reclamar subvenciones pero también con la necesidad de cerrar compromisos concretos si no quiere perder parte de los recursos.
Incumplimientos y ajustes fiscales
Bruselas ya ha señalado incumplimientos que traducen sanciones o ajustes por valor de aproximadamente 1.100 millones de euros, entre los que figura la obligación de equiparar fiscalmente el diésel y la gasolina. Además, hay medidas fiscales comprometidas por Hacienda que todavía no se han formalizado y que podrían sumar más ajustes si no se implementan a tiempo.
Cómo se han utilizado los fondos y qué viene después
A falta de los pagos finales desde Bruselas, el Ejecutivo ha adelantado recursos desde el Tesoro Público para no frenar proyectos. Hasta ahora se han movilizado cerca de 74.800 millones de euros mediante convocatorias y adjudicaciones, de los que se han cerrado y cogido 67.000 millones. Un porcentaje significativo de esas partidas se está gestionando desde las comunidades autónomas y el impacto directo alcanza a 1,5 millones de beneficiarios finales, mayoritariamente pymes y micropymes.
El Gobierno sostiene que el Plan ha contribuido ya al crecimiento y la creación de empleo: estima que ha añadido alrededor de dos puntos al PIB y podría sumar hasta 3,5 puntos adicionales hacia el horizonte previsto. Para mitigar el efecto de la retirada gradual de las ayudas europeas, la estrategia pública pasa por reforzar el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) mediante la capitalización de un nuevo vehículo, España Crece, que pretende movilizar financiación pública y privada para sostener inversiones clave como la vivienda y la innovación.
Hacia una transición ordenada
En conjunto, la prioridad del Ejecutivo es completar los hitos exigidos por Bruselas, evitar recortes por incumplimientos y dejar estructuras de financiación que permitan sostener el impulso cuando desaparezcan los flujos directos del Plan. El éxito de esa maniobra dependerá de la capacidad para cerrar reformas, aprobar ajustes fiscales pendientes y articular mecanismos de cofinanciación pública-privada antes de que se agote la ventana temporal impuesta por la UE.
La recta final del plan NextGen en España mezcla gestión técnica, decisiones políticas y una carrera contra el reloj comunitario. El resultado determinará cuánto del paquete restante llegará al país y cuánta de la ambición transformadora conseguida hasta ahora podrá consolidarse en el medio plazo.