La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y la Asociación Española de Productores de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV) entregaron a los partidos que concurrirán en las elecciones del 29 de noviembre un paquete de cinco medidas orientadas a reforzar la competitividad del sector gaming español. El objetivo central es que España pase de ser una comunidad de talentos dispersos a consolidarse como uno de los principales polos europeos de desarrollo.
La primera iniciativa busca equiparar al videojuego con otras industrias culturales mediante la reforma de los artículos 36 y 39 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, introduciendo un crédito fiscal similar al de Francia (30 %), Italia (25 %), Irlanda (32 %), Reino Unido (34 %) y Canadá (40 %). Con este ajuste, los estudios podrían deducir entre un tercio y la mitad del gasto elegible, reduciendo significativamente las barreras de financiación que hoy limitan la producción nacional.
Instrumentos de apoyo y financiación continua
La segunda propuesta plantea la recuperación de las ayudas del Ministerio de Cultura para prototipos y la ampliación de las líneas de ENISA. El objetivo es crear un ecosistema que acompañe a los proyectos desde la fase conceptual hasta la comercialización. Se citan como referencia los 125 millones de euros anuales que Alemania destina a su programa federal, subrayando la necesidad de una dotación comparable para evitar la fuga de talento hacia mercados con mayor respaldo financiero.
En la tercera medida, AEVI y DEV abogan por un ecosistema nacional de inversión y publishing que canalice capital especializado mediante instrumentos como ICO y ASIX. La idea es convertir dichos recursos en un capital ancla que atraiga a inversores institucionales, family offices y fondos de capital privado, compensando la desventaja española frente a regiones donde el capital de riesgo está más presente.
Seguridad jurídica y posicionamiento internacional
La cuarta propuesta insiste en la armonización del marco regulatorio a nivel europeo, evitando restricciones unilaterales que puedan afectar a categorías específicas de juegos. Un entorno jurídico estable facilitaría la captación de proyectos internacionales y fomentaría la colaboración transfronteriza.
Finalmente, se plantea la creación del Spain Video Games Hub, una entidad permanente con presupuesto propio y una oficina especializada que coordine todas las políticas públicas dirigidas al sector. El hub actuaría como punto de atracción de inversión extranjera y como motor de promoción internacional, garantizando que España aproveche al máximo su capital creativo y formativo.
Lecciones de la reforma del crédito fiscal en Reino Unido
Mientras los gremios españoles presentan su hoja de ruta, el Reino Unido avanza en la modernización de su Video Games Expenditure Credit (VGEC). UKIE, junto a TIGA y el UK Video Games Council, han solicitado un esquema escalonado que ofrezca un 53 % de apoyo a proyectos de hasta £15 millones y un 39 % a los que superen ese umbral, además de elevar el límite de gasto elegible del 80 % al 100 %.
TIGA ha propuesto, además, la inclusión de costos post-lanzamiento, como DLC y live-service, y la reducción del plazo de respuesta de HMRC a 40 días. Se plantea también un Games Scale-Up Fund de £500 000 a £2 millones para cubrir el “hueco” de capital que muchas desarrolladoras españolas podrían identificar como similar en su propio contexto.
Ambas iniciativas británicas reflejan una tendencia global: los gobiernos que deseen retener y atraer talento digital deben ofrecer incentivos fiscales ágiles y fondos de inversión que acompañen todo el ciclo de vida del juego. La comparativa evidencia que, si España adopta medidas equivalentes —especialmente en el área de créditos fiscales y fondos de escala—, podría cerrar la brecha con los competidores internacionales y transformar su red de más de 500 estudios, el 70 % de los cuales son microempresas, en un motor económico robusto.
