Las resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales de Zaragoza y León han abierto un debate necesario sobre el alcance de la doctrina del Tribunal Supremo en materia de abuso procesal relacionado con los microcréditos. En la sentencia identificada como 1715/2026 el Alto Tribunal admitió que, en ciertos supuestos, una reclamación puede ser rechazada si la contratación del préstamo obedece a una finalidad exclusivamente litigiosa orientada a la obtención de costas.
Sin embargo, las Audiencias han señalado que esa regla no puede convertirse en una pauta general que limite el acceso a la justicia.
El punto decisivo que subrayan las resoluciones es la defensa del derecho del consumidor a acudir a los tribunales sin que se presuma automáticamente mala fe solo por haber suscrito varios contratos o por presentar demandas separadas.
La normativa procesal no obliga a acumular reclamaciones; cada préstamo constituye una relación jurídica distinta con términos, intereses y circunstancias propias. Por ello, las Audiencias insisten en que solo en situaciones objetivamente artificiosas debe aplicarse la figura del abuso del derecho.
Contexto y naturaleza de la doctrina del Tribunal Supremo
La doctrina del Tribunal Supremo planteó una excepción al reconocer que existen conductas que, por su evidente finalidad litigiosa, pueden ser apreciadas como abuso procesal y justificar el rechazo de demandas o la denegación de costas a los demandantes. No obstante, ese criterio se formuló sobre un supuesto concreto en el que la conducta del consumidor resultaba manifiestamente instrumental. Las Audiencias han recordado que trasladar ese razonamiento a todos los casos en los que hay múltiples contratos significaría desvirtuar la esencia de la tutela judicial efectiva.
Qué han dicho Zaragoza y León
Las resoluciones de las Audiencias Provinciales parten de una idea central: no basta con la existencia de varios micropréstamos ni con la presentación de demandas individuales para declarar la existencia de mala fe. Para que prospere esa apreciación es necesario un elemento adicional que acredite la intencionalidad de generar litigiosidad de forma artificial. En particular, se señala que la contratación de préstamos con posterioridad a la interposición de la demanda constituye un indicio relevante de comportamiento orientado a la litigiosidad.
Criterios clave y límites prácticos
Entre los matices aportados, las Audiencias subrayan que la apreciación de abuso procesal debe reservarse a supuestos excepcionales y probarse con criterios objetivos. No puede convertirse en un comodín para denegar costas ni para cerrar el paso a reclamaciones legítimas. Además, en los procedimientos analizados se declaró la nulidad por usura de contratos con TAE extremas —algunos en torno al 2.700% y al 3.500%—, lo que refuerza la idea de que el foco procesal debe situarse en las prácticas crediticias y no en la conducta del consumidor que reclama.
Implicaciones para tribunales, consumidores y entidades
Las resoluciones suponen una llamada de atención para los juzgados de primera instancia que habían adoptado interpretaciones expansivas de la doctrina del Tribunal Supremo. Si se permite que el concepto de abuso se aplique de forma amplia, se crea un riesgo real para el acceso a la tutela judicial y se genera inseguridad jurídica. Las Audiencias recomiendan evaluar cronologías, conducta posterior a la demanda, y respuesta a reclamaciones extrajudiciales antes de concluir la existencia de mala fe, y recuerdan la posibilidad de imponer costas conforme al criterio del vencimiento objetivo.
Recomendaciones prácticas
En la práctica, los tribunales deben exigir pruebas de intencionalidad y no basar decisiones en suposiciones; las entidades financieras, por su parte, deben mejorar los mecanismos de atención previa y evitar conceder crédito en condiciones desproporcionadas que puedan ser declaradas nulas por usura. Para los consumidores, la lección es que reclamar no es un acto sancionable por sí mismo: el ejercicio de derechos procesales es legítimo siempre que no exista una conducta artificiosa demostrable.
En suma, las Audiencias Provinciales fijan un límite: la doctrina del Tribunal Supremo sobre abuso procesal en microcréditos debe aplicarse con carácter restrictivo y solo en supuestos objetivamente fraudulentos. Este enfoque protege el equilibrio entre las partes y refuerza la seguridad jurídica en litigios de consumo, evitando que una excepción jurisprudencial se convierta en barrera general para el acceso a la justicia.