El Ejecutivo ha impulsado una reforma normativa que modifica cómo las entidades de crédito comunican el endeudamiento de sus clientes al Banco de España. En esencia, la actualización recupera una medida previamente aprobada y luego anulada por motivos formales, y la readapta para entrar en vigor de manera progresiva. La piedra angular de la reforma afecta a la Central de Información de Riesgos (CIRBE), la base de datos que utilizan las entidades para valorar la exposición crediticia de particulares y empresas.
El cambio implica que un mayor número de préstamos quedará visible para el supervisor y para futuros prestamistas, con el objetivo declarado de mejorar la evaluación de solvencia y reducir el riesgo de sobreendeudamiento. Junto a la obligatoriedad de reporte, la orden incorpora medidas de transparencia publicitaria, especialmente dirigidas a productos con costes complejos como los créditos revolving.
Qué cambia en la comunicación de riesgos
Hasta ahora, las entidades solo informaban de forma individualizada sobre aquellos titulares cuyo riesgo acumulado alcanzara o superara los 3.000 euros. Con la nueva regulación, ese umbral se reduce a 1.000 euros, lo que implica que operaciones de pequeña cuantía —por ejemplo, micropréstamos personales, financiones de dispositivos electrónicos o gastos vacacionales— pasarán a constar en la CIRBE y serán visibles para las entidades que consulten el fichero.
Implicaciones prácticas para los clientes
Este ajuste significa que un consumidor con varios microcréditos contratados en diferentes bancos podrá ver cómo su historial agregado aparece ante la entidad que solicite un nuevo préstamo. En la práctica, los bancos podrán considerar esos saldos al evaluar la solicitud y modular condiciones o denegar financiación. La medida busca evitar que la fragmentación del endeudamiento oculte el verdadero nivel de riesgo de un cliente.
Calendario de implantación
Para facilitar la adaptación del sector, la disposición contempla un periodo transitorio: el umbral de 3.000 euros se mantiene durante el año en curso y la obligación de reportar desde 1.000 euros se activará definitivamente el 2 de enero de 2027. Además, la reforma se formaliza en la Orden Ministerial ECM/531/2026, publicada en el BOE, que corrige los defectos formales que motivaron la anulación previa por parte del Tribunal Supremo.
Medidas sobre la publicidad y los créditos revolving
La normativa no se limita a los flujos de datos: introduce también obligaciones sobre cómo se comunican ciertos productos al público. En particular, recupera reglas para que la publicidad de los créditos revolving incluya ejemplos representativos más claros y homogéneos, facilitando así la comprensión del coste efectivo de estos préstamos por parte de los consumidores.
Por qué son problemáticos los revolving
Las tarjetas revolving suelen combinar la amortización de capital con el cobro de intereses que se capitalizan, lo que puede hacer que el saldo no disminuya e incluso aumente con el tiempo. Algunos de estos productos llegan a mostrar TAE en torno al 20% u otras cifras elevadas, lo que dificulta la comparación con préstamos tradicionales. La reforma obliga a que la publicidad identifique su carácter promocional de forma visible y que los ejemplos muestren escenarios realistas de coste.
Controles internos y protección del consumidor
Además de los requisitos informativos, las entidades deberán reforzar sus controles internos para asegurar que la comunicación comercial sea clara, objetiva y no induzca a error. El objetivo es doble: que el consumidor entienda el coste real y que el prestamista disponga de información fiable para evitar decisiones crediticias que aumenten el riesgo sistémico o el sobreendeudamiento individual.
Consecuencias para el sistema financiero
Con un mayor volumen de datos accesibles en la CIRBE, las técnicas de análisis de riesgo de las entidades podrán incorporar información más granular sobre saldos y exposiciones pequeñas. Esto puede traducirse en una evaluación más ajustada del perfil crediticio y en condiciones de concesión más prudentes. Al mismo tiempo, la visibilidad adicional pretende reducir el coste social del endeudamiento excesivo y limitar prácticas comerciales poco transparentes.
En resumen, la reforma busca fortalecer la transparencia y la capacidad de supervisión del sistema, sin eliminar fuentes de crédito, pero sí elevando las barreras informativas para prevenir acumulaciones de deuda que no sean fácilmente detectables. La combinación de reporting desde 1.000 euros y de mayor claridad en la publicidad pretende equilibrar protección al consumidor y estabilidad financiera.
Qué pueden hacer los consumidores ahora
Los particulares interesados en controlar su exposición pueden solicitar información a sus entidades sobre los productos contratados y revisar las condiciones publicitadas, prestando atención a las cifras efectivas de coste. Consultar la CIRBE a través de los canales oficiales y comparar ofertas con criterios de TAE y amortización ayudará a tomar decisiones más informadas.