En la madrugada del jueves, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil se presentó en el edificio del Tribunal de Cuentas, a tan solo horas de iniciar la campaña electoral. La orden provenía del juez instructor del llamado caso Koldo, que lleva varios meses indagando los movimientos contables del PSOE bajo sospecha de financiación irregular. Durante la visita, los agentes lograron retirar decenas de cajas que contenían documentos relativos a las donaciones declaradas por el partido en los últimos ocho años.
Incautación de documentación y apertura de una pieza secreta
Los archivos recabados fueron entregados al juzgado bajo la etiqueta de «pendrive» y contenían, entre otros, datos personales de trabajadores, simpatizantes y voluntarios del partido. Ante la presencia de información sensible, el magistrado Ismael Moreno decretó el secreto de las diligencias mientras se profundizaba la investigación. En diciembre, el mismo juez había autorizado una pieza separada para analizar los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024, con el objetivo de identificar posibles mordidas a la cúpula del PSOE.
La hipótesis de la «caja B» y los contratos de alta velocidad
Tras recibir los documentos, el instructor sospechó la existencia de una caja B en la sede de Ferraz que habría registrado aportaciones superiores a las realmente recibidas. El desbalance se hizo más evidente durante la pandemia, cuando los ingresos del PSOE crecieron por encima de la media de otros partidos. La investigación apunta a que esta contabilidad paralela habría servido a exministros como José Luis Ábalos y a su colaborador cercano, Koldo García Izaguirre, para blanquear dinero procedente de presuntas adjudicaciones amañadas de obras públicas, mascarillas y contratos ferroviarios.
Registros en Adif y constructora Azvi
Las inspecciones en las sedes de ADIF (Alta Velocidad) de Madrid, Sevilla y Córdoba, así como en la empresa constructora Azvi, revelaron comisiones irregulares vinculadas a licitaciones de los tramos de Adamuz y Urda. Azvi habría contratado a Koldo por 6.000 euros mensuales más un bonus del 0,75 % por operación, justo cuando el exministro y su círculo se encontraban bajo escrutinio. Los datos recabados indican que esas comisiones podrían haber sido el canal por el cual se trasladó el dinero de supuestos sobornos.
Personajes clave y la red de conexiones
El papel del exchofer de Pedro Sánchez, Cristian Corvillo, ha cobrado especial relevancia. Mensajes interceptados muestran una conversación con el empresario Víctor de Aldama en la que Corvillo menciona una reunión privada con el presidente en Córdoba y una charla “de lujo” al día siguiente. La Guardia Civil interpreta ese intercambio como evidencia de un vínculo directo entre Corvillo, Ábalos y Koldo, facilitando la entrega de efectivo que, según se sospecha, financió la compra de una vivienda para la pareja del exministro, Andrea de la Torre, quien también fue detenida en la operación policial.
Además, la investigación del juez Santiago Pedraz ha revelado una supuesta organización dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez para interferir en procesos judiciales que afectan al PSOE y al propio gobierno. Se busca determinar si los contratos con abogados y consultoras del partido fueron usados para canalizar pagos a la exmilitante socialista, cuya cuenta habría recibido al menos 43.225 euros a través de varias sociedades vinculadas a los investigados.
Impacto en la campaña electoral y el futuro político
Pedro Sánchez arranca la campaña electoral en Sevilla mientras la investigación sigue su curso. La UCO ha registrado el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas en busca de documentación sobre supuestos fraudes con fondos europeos destinados a pulseras antimaltrato. La Fiscalía Europea lleva la lupa sobre esas contrataciones desde el año pasado. Aunque Sánchez niega cualquier relación con los detenidos y no figura como investigado, la sombra de los escándalos afecta directamente a su entorno más próximo y al funcionamiento de Ferraz.
Con la apertura de la pieza secreta y la ampliación de las diligencias, el escenario político español se encuentra bajo una presión sin precedentes. Las próximas semanas definirán si la supuesta caja B y los contratos amañados de alta velocidad desencadenan nuevas detenciones o simplemente quedan en el terreno de la investigación judicial.
