El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha presentado el Anteproyecto de Ley de contratos de crédito al consumo (APL), disponible para consulta pública hasta el 30 de enero. Este marco normativo marca el inicio de una nueva fase de regulación en el sector de los créditos al consumo en España.
Con esta legislación, se pretende implementar medidas más estrictas, alineadas con la Directiva (UE) 2026/2225, que busca mejorar la protección del consumidor.
Entre las reformas más destacadas, se deroga la actual Ley 16/2011, que regulaba los contratos de crédito al consumo, así como la Ley 22/2007 sobre la comercialización a distancia de servicios financieros.
La nueva normativa tiene como objetivo garantizar una protección integral para los consumidores, estableciendo límites en los costos y un régimen institucional supervisado por el Banco de España (BdE).
Novedades en la regulación del crédito al consumo
El APL introduce innovaciones significativas que transformarán el panorama del crédito al consumo. Se establece una nueva regulación sobre el sistema de concesión de créditos, que ya no será exclusivo de ciertos actores. Además, se crearán nuevas figuras jurídico-financieras, como los Establecimientos Financieros de Crédito de Actividad Limitada (EFCAL), destinados a prestamistas inmobiliarios y otros profesionales que deseen ofrecer crédito al consumo sin adoptar otras formas jurídicas.
Ajuste con la Directiva Europea
El APL se adapta a las exigencias de la Directiva (UE) 2026/2225, reestructurando la normativa existente. Esto incluye la creación de una reserva de actividad para la concesión de créditos al consumo y la implementación de nuevos procedimientos de autorización y supervisión por parte del BdE. Se introducen figuras como el prestamista a título subsidiario y el prestamista de alto coste, además de normas más estrictas para la protección del consumidor, que incluyen la irrenunciabilidad de derechos y un régimen sancionador más riguroso.
Exclusiones y aplicación parcial del APL
El APL también contempla ciertas exclusiones. Por ejemplo, se exime de cumplir con algunos requisitos de información en contratos con un importe total inferior a 200 euros. Se establece un nuevo sistema de exclusiones cualitativas en lugar del umbral clásico, permitiendo pagos aplazados sin intereses en condiciones específicas. Asimismo, se limita el importe de los gastos de recuperación de saldos impagados a un máximo de 15 euros, cifra que podrá ser actualizada por el Ministerio.
Reserva de actividad y supervisión
Una de las transformaciones más significativas es la creación de una reserva de actividad. Desde ahora, ningún individuo podrá ofrecer crédito al consumo de forma profesional sin la debida autorización. Sin embargo, algunos prestamistas ya registrados podrán estar exentos de esta nueva obligación. Se introducen medidas específicas para los intermediarios de crédito y se establecen limitaciones para los prestamistas de alto coste, quienes también deberán registrarse en un nuevo registro público.
Además, aquellos contratos de crédito formalizados ante notario deberán presentar la autorización o registro correspondiente, añadiendo un nivel de control formal que busca asegurar prácticas justas en la concesión de créditos.
Un régimen institucional robusto
El Banco de España asumirá la responsabilidad de autorizar y supervisar la nueva figura del prestamista de alto coste y los EFCAL. Esta entidad tendrá la facultad de imponer restricciones sobre la comercialización y distribución de créditos al consumo. Asimismo, podrá emitir recomendaciones y guías para todos los actores sujetos a la nueva normativa, fortaleciendo el marco regulatorio y garantizando la transparencia en el sector.
El régimen sancionador está diseñado para ser riguroso, incorporando elementos de la Ley 10/2014 que regula la supervisión y solvencia de entidades de crédito. Esto incluye a quienes ocupan cargos de dirección en estas entidades, asegurando que todos los actores cumplan con las disposiciones legales estipuladas.
Creación de un prestamista especializado
El APL introduce la figura del prestamista de alto coste autorizado, que deberá cumplir con requisitos específicos de capital y honorabilidad. Este nuevo prestamista se limitará a ofrecer créditos de alto coste, caracterizados por un control de costos estricto. Las condiciones para estos créditos incluirán un límite en las comisiones y tasas de interés, garantizando que el coste total no exceda ciertas limitaciones legales.
Publicidad y transparencia
Entre las reformas más destacadas, se deroga la actual Ley 16/2011, que regulaba los contratos de crédito al consumo, así como la Ley 22/2007 sobre la comercialización a distancia de servicios financieros. La nueva normativa tiene como objetivo garantizar una protección integral para los consumidores, estableciendo límites en los costos y un régimen institucional supervisado por el Banco de España (BdE).0
Entre las reformas más destacadas, se deroga la actual Ley 16/2011, que regulaba los contratos de crédito al consumo, así como la Ley 22/2007 sobre la comercialización a distancia de servicios financieros. La nueva normativa tiene como objetivo garantizar una protección integral para los consumidores, estableciendo límites en los costos y un régimen institucional supervisado por el Banco de España (BdE).1