El Govern ha llevado al Parlament los presupuestos de la Generalitat para 2026, con una mezcla de objetivos fiscales rigurosos y medidas de marcado calado social. La propuesta busca, por un lado, rebajar el peso de la deuda sobre el PIB; por otro, reservar recursos “históricos” para impulsar vivienda pública y reforzar las plantillas del sector público.
La aprobación dependerá de pactos con ERC y de cómo avance la negociación con el Gobierno central sobre la cesión parcial del IRPF.
Deuda y límites fiscales
Según las cifras oficiales, la deuda se situó en 89.035 millones en 2026, es decir, alrededor del 29,5% del PIB; en el tercer trimestre se registró un saldo muy similar, 89.069 millones, que supone el 28,4% del PIB.
El Ejecutivo aspira a mantener ese nivel durante el año y acercarse al 27,4% a finales de 2026. Además, si se materializara una condonación parcial acordada con el Estado, el ratio podría caer hasta el 22,2% del PIB —una reducción de 5,2 puntos—, lo que aliviaría notablemente la presión financiera.
Déficit: control sin renunciar a prioridades
La hoja de ruta fija un déficit objetivo en torno al 0,1% del PIB para 2026, en línea con las exigencias del Ministerio de Hacienda. En términos absolutos, eso equivale a unos 329,6 millones de euros. Es una apuesta conservadora: dejar margen para inversiones esenciales sin perder de vista el cumplimiento de las reglas fiscales.
Dónde van los recursos: vivienda, sanidad y educación
Las partidas sociales son el caballo de batalla de estos presupuestos. La política de vivienda recibe una cifra récord: 803 millones, de los que cerca de 300 millones se destinan a vivienda protegida (VPO). El Institut Català de Finances dispuso además una línea de 600 millones para facilitar préstamos a la adquisición y construcción de vivienda social, una apuesta clara por aumentar la oferta pública frente a la especulación del mercado.
En cuanto a plantilla pública, el proyecto contempla crear hasta 16.000 plazas nuevas: más de 5.900 para sanidad y 4.162 para educación. La inversión en atención primaria aumenta en 616 millones, situándose alrededor del 31% del gasto sanitario —un refuerzo que busca aliviar las listas de espera y mejorar la atención comunitaria. En educación, las becas de transporte y comedor reciben 253 millones adicionales para ampliar la cobertura y reducir la desigualdad escolar.
Inversiones, transporte y medidas fiscales
El Ejecutivo parte de previsiones macroeconómicas prudentes y pretende financiar inversiones aprovechando una recaudación relativamente elevada, pero sin traspasar los límites fiscales. En el capítulo de infraestructuras y movilidad hay partidas orientadas a modernizar redes de transporte y a conectar mejor los municipios, aunque la concreción de proyectos dependerá en buena medida de los acuerdos parlamentarios y de la coordinación con el Gobierno central.
También se incluyen incentivos y bonificaciones relacionados con la vivienda (para rehabilitación y acceso a la vivienda protegida) y medidas dirigidas a incentivar la actividad económica local. Su impacto real quedará supeditado al detalle técnico de los decretos reglamentarios y a la disponibilidad efectiva de fondos durante el ejercicio.
Contexto político y calendario
La tramitación presupuestaria se enmarca en un calendario político tenso. El Ejecutivo necesita tejer acuerdos con ERC y avanzar en la negociación sobre la cesión de competencias fiscales —especialmente el IRPF— con el Estado para cerrar el apoyo necesario. Esa negociación es, hoy por hoy, la clave que puede convertir las líneas generales en partidas ejecutables.
Riesgos y escenarios
Entre los factores de riesgo figuran: desaceleración económica que reduzca la recaudación, retrasos en las transferencias o en la aprobación de las cesiones fiscales, y fricciones parlamentarias que obliguen a recortes o a reordenar prioridades. Por el lado positivo, una mejora de la recaudación y un acuerdo con el Estado sobre el IRPF abrirían espacio para acelerar inversiones y reducir la deuda más rápido.
La decisión final dependerirá tanto del alineamiento político en el Parlament como de la capacidad del Govern para traducir esos compromisos en medidas concretas y financiación efectiva. Queda por ver si las buenas intenciones atraviesan el filtro de la negociación y se hacen realidad en las cuentas de 2026.