La Administración estadounidense ha planteado una fórmula que enlaza la protección naval con un esquema de seguro gestionado por la Corporación Financiera de Desarrollo (DFC), en un intento por reactivar el paso seguro por el estrecho de Ormuz.
El anuncio presidencial sobre la intención de respaldar a los barcos comerciales que transitan por esa vía estratégica llegó en un contexto de elevada tensión: el cierre parcial del paso ha dejado embarcaciones detenidas en el Golfo Pérsico y ha contribuido a que el crudo Brent supere los 105 dólares por barril.
Ante esta situación, la propuesta mezcla apoyo público y colaboración privada.
El plan contempla que la DFC aporte un componente de reaseguro de hasta 20.000 millones de dólares para cubrir riesgos asociados al tránsito escoltado, y que esa cobertura se combine con escoltas militares estadounidenses.
Fuentes cercanas a las negociaciones indican que, además de la DFC, grandes aseguradoras privadas como Chubb y, en conversaciones preliminares, AIG, podrían participar en la gestión del programa. Sin embargo, la implementación práctica y la obligatoriedad de la póliza generan incertidumbres tanto operativas como comerciales.
Qué propone el modelo y cómo funcionaría
En el esquema presentado, los armadores que soliciten escolta naval estadounidense tendrían que contratar la póliza administrada por la DFC para cubrir casco, maquinaria y carga. La idea es que la cobertura gubernamental actúe como capa principal o de reaseguro que amortigüe el impacto de posibles siniestros en una zona de alto riesgo. Desde el punto de vista técnico, el plan sugiere una prima mucho más baja que la oferta del mercado comercial, lo que cambiaría la estructura de precios vigente en el seguro marítimo.
Detalles de la cobertura
Según intermediarios consultados, la DFC habría barajado un precio cercano al 1% del valor asegurado, lo que para un petrolero con valor declarado de 200 millones de dólares supondría primas del orden de 2 millones. En contraste, las aseguradoras privadas cotizaban hasta ahora el tránsito sin escolta entre el 3% y el 5% del valor del buque, reflejando la expectativa de una pérdida total estadística de uno de cada veinte barcos. El diferencial entre ambos niveles de precio es central en las discusiones, porque condiciona tanto la demanda de la oferta pública como la reacción del mercado privado.
Reacciones del mercado y tensiones regulatorias
La posibilidad de imponer un seguro obligatorio para acceder a escolta ha provocado preocupación entre corredurías y aseguradoras comerciales, que ven en la medida una competencia directa con productos del mercado y un posible desplazamiento de primas privadas hacia un esquema público-privado. Algunos brokers señalan que el proyecto de la DFC podría generar ingresos significativos si no se materializan siniestros graves, y recuerdan su experiencia previa en la que un mecanismo similar para Ucrania resultó «muy rentable» para la agencia, con solo una reclamación en el último año. No obstante, la relación entre rentabilidad y riesgo sigue siendo objeto de debate.
Dudas operativas y de seguridad
Además de la discusión financiera, existen dificultades prácticas: la Marina de Estados unidos estudia cómo proporcionar escoltas sin exponer a sus buques a ataques con drones, misiles o lanchas cargadas de explosivos procedentes de Irán. Fuentes militares y del sector advierten que aún no está claro si la protección prometida podrá ofrecerse de forma inmediata; algunos interlocutores estiman que la cobertura no estaría disponible al menos durante varios días. También persisten interrogantes sobre si la Armada condicionaría su acompañamiento exclusivamente a quienes contraten la póliza de la DFC.
Implicaciones para armadores y tripulaciones
Hasta ahora, la mayoría de los navíos ha rechazado contratar las pólizas comerciales por el coste y por el temor a ser objetivo de ataques. Si prospera el modelo de la DFC, los armadores deberán sopesar la reducción de prima frente a la obligación potencial y a la confiabilidad de la promesa de escolta. Mientras tanto, los analistas subrayan que la medida reconfigura incentivos, expone tensiones entre sector público y privado y podría transformar la evaluación de riesgo en pasajes marítimos críticos.