En 2006 el gobierno español, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero suscribió con Arabia Saudí un acuerdo que pretendía facilitar la entrada de capitales entre ambas naciones. El pacto, firmado en Riad por el ministro de Industria José Montilla y el representante saudí Amr A. Al-Dabbagh, establecía que cada Estado favorecería las inversiones del otro y garantizaría su tratamiento equitativo prohibiendo medidas arbitrarias y expropiaciones sin una justa indemnización.
Tras la firma, el convenio quedó en vigor una década después, en 2016, cuando el Partido Popular ya dirigía el Ejecutivo. La cláusula de “no nacionalización” y la obligación de resolver controversias amistosamente, con la opción de acudir a un tribunal de arbitraje, quedaron en el papel, pero el contexto político ya había cambiado.
El obsequio real y la investigación fiscal
Un año de la firma del tratado, durante la visita oficial del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud a España en junio de 2007, Zapatero recibió tres juegos de joyería —rubíes, esmeraldas y zafiros— y una docena de piezas de oro blanco con diamantes. Según la propia declaración del ex presidente, los objetos fueron entregados como “regalo estrictamente personal” en el Palacio de la Moncloa.
En 2026 la Unidad de Delincuencia Econó MiCA y Fiscal (UDEF) descubrió esas piezas en la caja fuerte del despacho de Zapatero en la calle Ferraz. El hallazgo desencadenó una investigación del magistrado José Luis Calama de la Audiencia Nacional por presunto delito fiscal y de contrabando, estimando que el valor total supera el millón de euros. Los peritos calculan que, aplicando el tipo marginal del IRPF del 45 %, la posible omisión de tributación rondaría los 600 000 €, cifra que activa la agravante prevista por la legislación tributaria.
Las cartas a la Corte Real y la estrategia jurídica
Para sustentar su versión, Zapatero remitió a la Corte Real de Arabia Saudí dos misivas, una el 16 de junio y otra el 12 de agosto de 2007, solicitando la certificación oficial del regalo. Ambas cartas fueron traducidas al árabe, inglés y francés y presentadas al juez como parte de la defensa. En ellas, el ex mandatario explicaba que el obsequio era una cortesía personal y pedía a la autoridad saudí que confirmara la veracidad de los hechos.
Los expertos consultados señalan que, aunque la defensa puede dirigirse a una autoridad extranjera antes de que el tribunal solicite una comisión rogatoria, la práctica es poco usual. Hacerlo podría percibirse como un intento de «preconfigurar» la prueba y dilatar el proceso, puesto que Arabia Saudí nunca ha cooperado directamente con la justicia española y no existe un tratado de asistencia judicial penal entre ambos países. El único convenio vigente, firmado en 2014, se limita a la cooperación policial y de seguridad.
El magistrado Calama, tras conceder a Zapatero tres días para aportar documentación adicional, recibió los recortes de prensa sobre la visita del rey y las cartas antes citadas. Ahora, la autoridad judicial debe decidir si solicita formalmente la colaboración saudí mediante una comisión rogatoria, lo que implicaría esperar la respuesta oficial del Reino, o si prosigue la investigación basándose en la evidencia recabada por la UDEF y los peritajes realizados.
