El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama ha dictado una resolución que otorga al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero un plazo de tres días para entregar toda la documentación que tenga en su poder sobre el conjunto de joyas incautadas en su despacho de la calle Ferraz. Estas piezas fueron halladas por la Unidad de Delincuencia Econó MiCA y Fiscal (UDEF) y, en una tasación preliminar realizada por la casa de subastas Ansorena, alcanzaron un valor de 1,3 millones de euros.
Plazo impuesto y contexto de la investigación
El requerimiento se produce en el marco del denominado caso Plus Ultra en el que la Fiscalía investiga a Zapatero por presunto tráfico de influenciasblanqueo de capitales y organización criminal. Desde que fue citado como investigado en junio, el exlíder socialista no ha remitido explicaciones sobre el origen de las piezas, acumulando más de 90 días de silencio. La resolución también señala que sus hijas, que aparecen en el citado expediente, comparecerán en noviembre como imputadas, lo que refuerza la presión sobre la familia para esclarecer la procedencia del patrimonio.
Durante la comparecencia del 19 de junio, el propio Zapatero se acogió al derecho a no declarar, aunque su abogado, Víctor Moreno Catena, prometió aportar respuestas en una semana o diez días. En declaraciones posteriores al programa «Mañaneros», el exmandatario sostuvo que las joyas eran «regalos de cortesía» sin intención patrimonial y que el valor sería objeto de contradicción judicial. Sin embargo, el juez Calama consideró que la diligencia era «pertinente, útil y necesaria» para el esclarecimiento de los hechos.
Nuevo peritaje a cargo de la joyería Yanes
Tras la tasación inicial, el magistrado ordenó la elaboración de un informe pericial gemológico a cargo de la joyería familiar Yanes. La firma, con más de un siglo de historia originaria de Malpica de Tajo, está especializada en piezas de diamantes, oro blanco y piedras preciosas. El encargo incluye la identificación del área geográfica de fabricación, los metales empleados, la autenticidad, la fecha aproximada de producción y la valoración de reposición actual de cada pieza. Además, se solicita el análisis de peso, pureza, talla y posible origen de las gemas, así como la detección de numeraciones o grabados característicos.
Yanes ya había advertido que, según su primera valoración, el conjunto podría superar los dos millones de euros, cifra que supera ampliamente la estimación moderada de Ansorena. El peritaje requerirá, además, la determinación de la antigüedad aproximada de las joyas y la clasificación de los lotes en función de su posible origen familiar o comercial. Esta segunda valoración pretende contrastar la hipótesis de la defensa de que se trata de objetos heredados y de regalos de viajes, con la evidencia material que pueda indicar una posible omisión tributaria.
Implicaciones fiscales y posibles delitos derivados
El instructor del caso ha argumentado que, de confirmarse la ausencia de documentación justificativa, podría existir un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos que, en principio, corresponderían a la Agencia Tributaria. Por ello, la propia Fiscalía ha ofrecido a la administración tributaria la posibilidad de personarse como parte perjudicada, opción que ha sido ejercida a través de la Abogacía del Estado. Entre los tributos potencialmente evadidos se encuentran el IVA, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto sobre Sucesiones y donaciones y el IRPF, según la naturaleza jurídica de cada operación.
El hallazgo de las joyas dio origen a una pieza de investigación independiente que ha añadido al expediente los delitos de contrabando y fraude fiscal. Si el nuevo peritaje de Yanes concluye que las piezas no pueden calificarse como simples obsequios o herencia, el proceso penal podría ampliarse, incrementando las penas y las responsabilidades económicas para el expresidente y sus allegados. En cualquier caso, el plazo de tres días para aportar documentación es inamovible, y la falta de respuesta reforzará la posición del Ministerio Fiscal en las fases siguientes del procedimiento.
