El senador independiente Miguel Ángel Calisto se encuentra bajo investigación por supuestos delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones. El Ministerio Público ha identificado a ocho imputados y estima que el daño económico para el Estado supera los $100 millones. La causa se consolidó antes del 4 de septiembre, fecha en que el Juzgado de Garantía de Coyhaique resolvió negar la solicitud de ampliación del plazo de investigación y el acceso a ciertos soportes digitales aportados por otro imputado.
Con la finalidad de ampliar el margen de defensa, la parte legal del senador interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique. La petición pedía dos cosas concretas: una extensión de 120 días para revisar la carpeta investigativa y la posibilidad de examinar los archivos digitales que otro coimputado había puesto a disposición de la Fiscalía.
Fundamentos de la defensa y argumentos del recurso
Los abogados de Calisto argumentaron que la negativa del juzgado vulneraba el derecho a una defensa adecuada al impedir que el parlamentario tuviera tiempo suficiente para analizar la documentación que podría ser clave para su descargo. Asimismo, sostuvieron que la ausencia de los soportes digitales compromete la igualdad procesal, al restringir el acceso a pruebas que ya habían sido presentadas en una causa distinta pero relacionada.
En su escrito, la defensa sostuvo que la medida impugnada generaba una «amenaza ilegal, cierta y concreta» sobre la libertad personal del senador, pues la investigación penal podría derivar en una sentencia que le restringiera la capacidad de ejercer sus funciones públicas.
Razones de la Corte para desestimar el amparo
Los magistrados de la Corte de Apelaciones de Coyhaique – Natalia Rencoret Oliva, Pedro Castro Espinoza y Luis Aedo Mora – analizaron que los puntos controvertidos estaban estrechamente ligados al ejercicio del derecho de defensa dentro del proceso penal pero no constituían, por sí mismos, una amenaza directa a la libertad o seguridad individual del acusado. En consecuencia, consideraron que la resolución del juzgado no estaba basada en una vulneración tangible de garantías constitucionales.
La sentencia también señaló que, aunque la persecución penal pudiera culminar en una medida que afecte la libertad del senador, la propia resolución impugnada no fue la causante de esa posible restricción. Además, la Corte recordó que, durante la audiencia del 4 de septiembre, la Fiscalía informó que los antecedentes digitales solicitados no formaban parte de los medios de prueba ofrecidos en la acusación, por lo que su exclusión resultó procedente.
Implicaciones de la decisión judicial
Con el amparo desechado, la investigación continúa sin la ampliación de plazo solicitada y sin el acceso a los soportes digitales que la defensa había demandado. El Ministerio Público mantuvo la acusación contra los ocho imputados, incluido Calisto, y dejó a disposición de los abogados la carpeta investigativa para su revisión, tal como había indicado en la audiencia de septiembre.
Esta resolución refuerza la postura de que, dentro de un proceso penal, la normativa procedural puede limitar ciertos pedidos de la defensa siempre que no se demuestre un perjuicio inmediato y concreto a derechos fundamentales. Para el senador Calisto, el camino ahora pasa por la fase de juicio, donde podrá controvertir la evidencia presentada por la Fiscalía y ejercer su derecho a la defensa bajo los términos establecidos por la ley.
