En un encuentro celebrado el 16 de abril de 2026, los presidentes de los Consejos Sociales de las universidades públicas de Canarias —Francisco Almeida y Ana B. Suárez— acompañados por los secretarios generales Víctor Díaz y Miguel Ángel Acosta, trasladaron al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y a la consejera Migdalia Machín una batería de propuestas destinadas a blindar la estabilidad financiera y la modernización del sistema universitario.
La conversación giró en torno a la necesidad de disponer cuanto antes de un plan plurianual de financiación que entre en vigor a partir de 2027 y permita una planificación con horizonte medio.
Los representantes universitarios defendieron la idea de un instrumento económico que ofrezca recursos suficientes, predecibles y con autonomía para las instituciones.
Se subrayó la urgencia de concretar el contrato programa en plazos breves para que las universidades puedan afrontar inversiones en campus, investigación y transferencia con garantías. En paralelo, los Consejos insistieron en que la gobernanza del proceso incorpore mecanismos de seguimiento y participación que reflejen la conexión entre la universidad y la sociedad.
Propuesta económica: fondo específico y programa plurianual
Una de las iniciativas centrales presentadas fue la inclusión en la revisión del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de una dotación concreta: 100 millones de euros por cada universidad pública distribuida en un periodo de diez años (equivalente a 10 millones anuales). Esta aportación, según plantearon los Consejos, debería dotar a las universidades de autonomía presupuestaria directa, permitiendo ejecutar proyectos sin depender exclusivamente de asignaciones anuales variables.
Objetivos y criterios de uso
Los fondos propuestos tendrían como destino prioritario la mejora de infraestructuras, el impulso de la I+D+i y programas de transferencia de conocimiento. Los consejeros defendieron que estos recursos actúen como complemento al plan general de financiación, y que se configuren en forma de programa plurianual para garantizar la continuidad de inversiones estratégicas en el tiempo, evitar la fragmentación de proyectos y optimizar la planificación a medio plazo.
Gobernanza y papel reforzado de los Consejos Sociales
Además de pedir recursos, los Consejos Sociales reclamaron un papel más activo en la validación y seguimiento de los proyectos susceptibles de financiación. La propuesta contempla que los organismos emisores de ayudas incorporen el pronunciamiento de estos órganos como parte del proceso de evaluación, reforzando su función de vínculo entre universidad y sociedad y contribuyendo a una mayor transparencia y alineamiento con necesidades territoriales y productivas.
Transparencia y rendición de cuentas
Para garantizar el buen uso de los recursos, se propusieron criterios claros de evaluación, indicadores de impacto y procesos de supervisión continua que permitan auditar avances en infraestructuras, resultados de I+D+i y programas de transferencia. La colaboración entre universidades, Consejos Sociales y Administración abriría la vía a informes periódicos que muestren el rendimiento de las inversiones y su contribución al desarrollo regional.
Acceso, equidad y una estrategia compartida para la educación superior
En materia de acceso y equidad, los Consejos Sociales plantearon aplicar un tipo cero del IGIC a los precios públicos de residencias y colegios mayores universitarios con el objetivo de abaratar el coste del alojamiento para el estudiantado y mejorar así la accesibilidad a la formación superior. Esta medida se entiende como una intervención directa sobre la carga económica que afrontan las familias y los jóvenes desplazados dentro del archipiélago.
Asimismo, se defendió la elaboración de una estrategia de educación superior para Canarias que actúe como hoja de ruta compartida entre las universidades públicas, agentes institucionales, económicos y sociales. A través de un proceso participativo se busca articular prioridades formativas, de investigación y transferencia que respondan a las necesidades del territorio y mejoren la competitividad internacional del sistema universitario canario.
Próximos pasos y compromiso del Ejecutivo
Durante la reunión el presidente Fernando Clavijo reiteró el compromiso del Gobierno de Canarias de disponer de un marco de financiación plurianual para las universidades públicas antes del próximo verano, señalando que el documento está en elaboración y que su cierre depende de la incorporación de determinados datos por parte de las propias instituciones. El diálogo abierto el 16 de abril de 2026 marca el inicio de una fase en la que la concreción técnica y política determinará si las propuestas se transforman en medidas efectivas para 2027.