El Departamento de Estado de Estados Unidos utilizó una parte importante del Fondo de Derechos Humanos y Democracia –un presupuesto de 205 millones de dólares aprobado por el Congreso– para financiar proyectos alineados con la agenda del trumpismo. Antes del 30 de septiembre, fecha límite del año fiscal, se destinó un total de 176,9 millones a 43 subvenciones distribuidas en Europa, África y América Latina.
Desvío de 177 millones a causas ultraconservadoras
La mayor partida, de 40 millones de dólares, fue otorgada a un consorcio liderado por la Fundación de Recuerdo a las Víctimas del Comunismo una asociación anticomunista fundada en 1993 cuya relación contractual con el Departamento de Estado apenas superó los 100 000 dólares en los últimos cinco años. Entre sus dirigentes se encuentra Andrew Bremberg exasesor de política interior de la administración de Donald Trump.
Otras asignaciones incluyeron un millón para “Contrarrestar el lawfare y la censura en Brasil”, dos millones para redes de alerta que protegen a cristianos en Nigeria, y tres millones para la Jobs Foundation de Matthew Elliott, organizador de la campaña Vote Leave del Brexit. Un programa llamado “Promoción de los aliados de la civilización occidental” destinó dos millones a grupos de Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría y los Balcanes, con la condición de rechazar narrativas de derechos humanos que consideren instrumentalizadas ideológicamente como la ideología de género.
Hasta entonces, el fondo estaba enfocado en apoyar a activistas y disidentes en regímenes autoritarios. La senadora demócrata Jeanne Shaheen calificó esta reorientación como un “despilfarro de recursos” que “socava los valores estadounidenses y nuestras relaciones con socios democráticos”. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió la medida afirmando que nunca pedirán perdón por “defender la civilización occidental, oponerse a la censura o poner fin a la era de la migración masiva”.
Reacción internacional
El Ministerio de Justicia de Brasil solicitó a la Policía Federal y a la Fiscalía General que investiguen la subvención destinada a combatir el Tribunal Supremo Federal, aduciendo que la Constitución prohíbe la financiación extranjera de actividades políticas. La controversia surgió pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, en la que compiten Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
Sanciones a financiadores del Tren de Aragua
En un movimiento distinto pero igualmente relevante, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra nueve personas y dos entidades por presunto financiamiento al grupo criminal venezolano Tren de Aragua. El grupo había sido catalogado como organización terrorista extranjera en el año anterior.
El primer bloque de sanciones incluye a ocho individuos de Venezuela, Colombia y México, y a dos empresas mexicanas. Destaca el venezolano Aníbal Alexander Canelón Aguirre alias “Prometheus”, señalado como líder de una red que desviaba fondos de instituciones financieras estadounidenses mediante malware en cajeros automáticos, para luego lavarlos y canalizarlos al Tren de Aragua. Canelón Aguirre también enfrenta cargos de fraude bancario, robo, lavado de dinero y conspiración para apoyar a grupos terroristas, y está entre los diez más buscados por el FBI.
El segundo bloque se dirige al venezolano Juan Gabriel Rivas Núñez alias “Juancho”, considerado un alto ejecutivo del Tren de Aragua con operaciones en varios países sudamericanos, y acusado de participar en minería ilegal de oro, tráfico de drogas y crímenes violentos. Las sanciones bloquean cualquier activo que los individuos o entidades tengan bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos de EE. UU. realizar transacciones con ellos.
El objetivo declarado de la OFAC es “incrementar la presión contra el Tren de Aragua” y avanzar en la política del presidente Donald Trump de combatir organizaciones calificadas como terroristas. La medida se produce tras la muerte de Héctor Guerrero Flores alias “Niño Guerrero”, líder del grupo, en una operación militar conjunta entre autoridades venezolanas y estadounidenses en junio.
