El pasado 11 de noviembre se convocó una huelga general por parte de UGT, CCOO y el Sindicato de Inquilinas, con el objetivo de presionar por mejoras salariales, acceso a la vivienda y reforzamiento de los servicios públicos. A menos de un mes de las elecciones, la movilización se desarrolló bajo una fuerte lluvia que obligó a posponer varias concentraciones, aunque se mantuvieron marchas en Madrid, Barcelona y Valencia.
Participación real y sectores más afectados
Los datos publicados por la patronal CEOE sitúan el seguimiento total de la jornada cerca del 5 % del empleo activo. En el sector metalúrgico, la Confederación Nacional de la Industria del Metal (Confemetal) señaló un paro del 14 % de los trabajadores, aunque describió el impacto como «seguimiento limitado» que permitió mantener la producción en los principales polígonos industriales. En Cataluña, la asociación Pimec informó que sólo el 8 % de las empresas catalanas interrumpieron su actividad.
El estudio elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) reveló que el 92 % de los autónomos pudo desarrollar su jornada «con absoluta normalidad». En el ámbito logístico, los puertos de Algeciras y Valencia fueron los únicos que experimentaron alguna interrupción, vinculada a la huelga de estibadores. Por otro lado, el registro civil de Madrid mantuvo sus servicios sin alteraciones, con actos de nacimiento, matrimonio y defunción realizados según lo previsto.
Incidentes, detenciones y reacciones de los protagonistas
Entre los episodios más sonados, la entrada de la tienda Apple en Barcelona fue incendiada y varios escaparates en Gran Via resultaron rotos. En el paseo de Gràcia se produjeron enfrentamientos entre manifestantes encapuchados y los Mossos d’Esquadra, lo que derivó en saqueos y alguna decena de detenciones. En total, la jornada acumuló 52 personas arrestadas y cerca de 1 500 incidencias policiales, según el balance oficial.
Las organizaciones sindicales defendieron la acción pese a la baja asistencia. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que «la huelga ha salido mejor de lo que los organizadores podíamos haber previsto». Por su parte, Unai Sordo, líder de CCOO, describió la movilización como «un éxito parcial», reconociendo que el seguimiento fue «desigual» y concentrado en sectores fuertemente sindicalizados. Antonio Pérez, de Fetico, critizó la convocatoria como una «huelga al estilo antiguo» y la calificó de «politizada e instrumentalizada».
En el plano político, Irene Montero, portavoz de Podemos, exigió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras lo que describió como una «represión intolerable» contra los manifestantes. Mientras tanto, las autoridades estimaron una asistencia de 120 000 personas en la manifestación de Madrid y 55 000 en Barcelona, cifras notablemente inferiores a las de la huelga de 2012.
En cuanto al impacto económico, el consumo eléctrico sufrió una ligera caída del 4,7 % respecto a la previsión de Red Eléctrica al cierre de la jornada, y un descenso del 2,5 % frente al día anterior. Este decremento reflejó la escasa paralización de la actividad industrial, confirmada por la hoja de asistencia en los polígonos de Vallecas, donde la mayoría de los trabajadores mantuvo su actividad a pesar del temporal.
