En los últimos días, el decreto Maricarmen ha pasado de ser una medida anunciada como solución a los desahucios a convertirse en el eje de una disputa interna que amenaza la estabilidad del Ejecutivo español. La iniciativa, que lleva el nombre de la anciana expulsada de su vivienda en Madrid, pretendía reforzar la protección de los inquilinos y limitar la actuación de los llamados «fondos buitre». Sin embargo, el texto ha despertado fuertes críticas tanto de los socios de coalición como de sectores críticos del propio Gobierno, que ven en él un intento de ganar votos antes de las elecciones autonómicas y generales.
Contexto y origen del decreto Maricarmen
El decreto Maricarmen surgió como respuesta a la creciente presión social tras el acampamiento de cientos de manifestantes en la Puerta del Sol, encabezado por la familia de la mujer desalojada. El Gobierno había prometido, en 2015, eliminar los desahucios y construir cientos de miles de viviendas públicas; la realidad es que, ocho años después, la cifra de desalojos supera los 250.000 y la construcción de viviendas sociales apenas ha superado los 10.000. La legislación de control de precios en Cataluña, por ejemplo, provocó que muchos propietarios retiraran sus inmuebles del mercado, incrementando los precios y los desalojos.
El texto que se prepara para el Consejo de Ministros incluye, según el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, medidas de protección frente a los desahucios una posible limitación a la compra especulativa y una ayuda para la adquisición de la primera vivienda. No obstante, la propuesta no contempla la expropiación de pisos ni la extensión de los contratos de alquiler indefinidos, puntos que Sumar y Podemos exigen con bastante énfasis.
Rupturas dentro del Ejecutivo
Las tensiones se hicieron evidentes cuando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz pidió una intervención directa contra los fondos buitre y animó a los acampados a mantener la protesta. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se limitó a desviar la cuestión, indicando que era Díaz quien debía explicar sus declaraciones. Las ministras de Sanidad y Juventud e Infancia, Mónica García y Sira Rego, ambas de Sumar dejaron clara su posición: no respaldarán el llamado «decreto Maricarmen» si no incluye medidas suficientemente fuertes para proteger a los inquilinos frente a los grandes propietarios.
En paralelo, el presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, advirtió que la continuación de políticas que, a su juicio, han generado pocos resultados, impediría cualquier avance. Por otro lado, Podemos, encabezado por Irene Montero, exigió la inclusión de expropiaciones en el texto, mientras que su secretaria general, Ione Belarra, advirtió que ningún real decreto podrá resolver el problema estructural sin una movilización social sostenida.
Escenarios parlamentarios y próximas decisiones
El Gobierno planea presentar el texto este martes ante el Consejo de Ministros, con la intención de llevarlo al Congreso lo antes posible. Sin embargo, la historia reciente muestra que tres iniciativas anteriores sobre vivienda fueron derrocadas por la coalición del PP, Vox y Junts. La última, una prórroga de la moratoria de desahucios, también fracasó. Esta vez, Sánchez parece dispuesto a negociar previamente con todos los socios para evitar otro veto, pero la divergencia entre las demandas de Sumar (congelar alquileres, regular pisos turísticos) y las condiciones de Junts (rechazo a la extensión de la moratoria por considerarla “inquietocupación”) complica cualquier acuerdo sólido.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, camina entre la necesidad de mostrar responsabilidad política y el rigor económico, consciente de que medidas como la extensión indefinida del alquiler equivaldrían a una expropiación encubierta. En sus declaraciones recientes, evitó comprometerse a una solución definitiva, insistiendo en que el Ejecutivo trabajará para ofrecer la «mejor respuesta posible». El escenario se perfila como una negociación de última hora donde la presión de los manifestantes, la oposición parlamentaria y la agenda electoral convergen en un punto crítico para la política de vivienda en España.
