En ámbitos distintos pero con efectos convergentes sobre el gasto público y la inversión privada hay hoy preocupaciones concretas. Por un lado, un informe de control reveló deficiencias graves en la protección pasiva contra incendios en varios recintos y obras públicas; por otro, cambios propuestos al Impuesto sobre la Renta en el Paquete Económico 2027 limitan deducciones y generan riesgos para la cadena de comercialización de vehículos en México.
Ambas situaciones ilustran cómo decisiones técnicas y fiscales pueden traducirse en pérdidas de recursos, interrupciones en proyectos y amenazas a empleos, cuando las reglas, la supervisión o la aplicación normativa fallan.
Fallas técnicas en protección contra incendios y responsabilidades en Chile
Un documento oficial, identificado como Informe N° 321/2026 de fecha 21 de septiembre de 2026, detectó irregularidades en la aplicación de sistemas de protección pasiva contra el fuego en diversos edificios de alta ocupación, entre ellos recintos deportivos. El caso emblemático fue el Estadio Municipal de San Antonio, donde el uso de pinturas intumescentes sin certificación real paralizó obras y encareció reparaciones por montos millonarios.
La auditoría puso en evidencia deficiencias en la certificación y verificación de productos y procedimientos que dependen de organismos como el Instituto Nacional de Normalización (INN), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y otras direcciones técnicas. Se cuestionó además la conducta del Director Ejecutivo del INN, Sergio Toro, por la invocación de una supuesta «regla no escrita» para justificar la aceptación de pinturas sin ensayo oficial y por atribuir facultades que competen al Minvu.
Normativa pendiente y decisiones administrativas
La actualización del capítulo de Seguridad contra incendios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) aparece como la vía estructural para regular la aplicación y la inspección de protecciones pasivas como las pinturas intumescentes. Esa actualización fue parte del Decreto N° 7 de 2018, iniciado en una administración anterior, luego retirado y retomado en el Decreto N° 23 en gestiones posteriores, pero hoy permanece sin efecto operativo.
La ausencia de una norma vigente que establezca requisitos claros ha facilitado fallas de ejecución y la circulación de materiales sin pruebas confiables. La Contraloría ha señalado deficiencias en entidades públicas como la Dirección de Arquitectura del MOP, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y el Instituto Nacional de Deportes (IND), aunque algunos organismos, como la Dirección de Arquitectura del MOP, han incorporado reglas internas que exigen la norma NCh3040 y actúan con mayor rigor técnico.
Restricciones a deducciones y el riesgo para concesionarios automotrices en México
En paralelo, la propuesta fiscal incluida en el Paquete Económico 2027 introduce límites a las deducciones de empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos. Esa medida busca combatir prácticas abusivas, pero podría tener efectos adversos sobre distribuidores y agencias automotrices, un sector que opera con márgenes de utilidad muy ajustados.
Organizaciones del sector han advertido que hasta un 30 por ciento de las agencias podría estar en riesgo de quiebra y que la afectación alcanzaría alrededor de mil establecimientos y 70 mil empleos, cifras derivadas de estimaciones de la industria. El presidente ejecutivo de la asociación nacional del ramo, Guillermo Rosales Zárate, insistió en que cuando las utilidades son de uno a tres por ciento, limitar deducciones incrementa la carga fiscal sobre recursos que no representan ganancia líquida.
Efectos en flujo y decisiones de inversión
El problema central no es la tasa nominal del ISR sino la base gravable: si se reduce el monto deducible, la utilidad fiscal se eleva artificialmente y el impuesto a pagar puede consumir la mayor parte del margen real. Esa presión impacta el flujo de caja necesario para sueldos, proveedores y financiamiento de inventarios, y puede obligar a postergar aperturas de agencias, modernizaciones de talleres o inversiones en servicio al cliente.
Asimismo, las empresas podrían intentar trasladar costos al precio final, con consecuencias sobre la demanda y la competencia; o bien recortar costos operativos, lo que afectaría empleo y calidad de servicio. El Senado aprobó modificaciones puntuales para exceptuar operaciones terminales, pero no existe una exención generalizada para todas las agencias distribuidoras, por lo que la materia deberá ser definida en la Cámara correspondiente.
En ambos frentes, técnico y fiscal, la tensión central es la misma: decisiones regulatorias y administrativas pueden alterar la viabilidad financiera de proyectos y la integridad de la infraestructura pública. La claridad normativa, la fiscalización eficaz y la consideración de particularidades sectoriales aparecen como factores clave para evitar castigos inadvertidos a quienes cumplen y para preservar recursos públicos y actividad económica.
