El fallo del Tribunal Supremo que ha declarado inconstitucional la implantación del registro único estatal de alquileres de corta duración por invasión de competencias autonómicas ha cambiado el panorama para miles de alojamientos turísticos. La sentencia deja sin efecto la exigencia de un número de referencia estatal para anunciar en plataformas como Airbnb o Booking, y da pie a que muchos propietarios reclamen daños y perjuicios contra el Estado por las restricciones y costes sufridos.
La patronal nacional del alquiler de corta estancia, Fevitur, ha trasladado que las consecuencias prácticas no son solo administrativas: los propietarios afectados cuantifican un impacto económico que, según sus cálculos, ronda una media de 33.000 euros por inmueble. Esa valoración sirve de base para una eventual ofensiva de reclamaciones patrimoniales cuyo montante total podría situarse en torno a 160-166 millones de euros, según distintas estimaciones del sector y fuentes jurídicas.
Qué dijo el fallo y qué partes del sistema se mantienen
El Supremo ha considerado que el Estado excedió sus competencias al reglamentar de forma exhaustiva un registro que corresponde gestionar a las comunidades autónomas, por lo que anuló el registro único. Sin embargo, la resolución avaló otros instrumentos del plan estatal, como la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y las obligaciones de comunicación de datos por parte de las plataformas, que continúan vigentes. Además, la gestión del censo recae de nuevo en las autonomías, lo que altera los criterios de inscripción y control y deja en un limbo administrativo a las viviendas que fueron denegadas o bloqueadas por el registro estatal.
Cuánto se reclama y en qué se fundamentan las demandas
Desde Fevitur sostienen que el sistema impuesto por el Gobierno trasladó a los Registradores de la Propiedad una función que iba más allá de la simple identificación administrativa, permitiendo comprobar cuestiones urbanísticas y condicionar la validez del número de referencia. Según sus cálculos, más de 300.000 propietarios abonaron las tasas para obtener el número, alrededor de 64.000 pisos quedaron fuera del registro pese a estar inscritos en registros autonómicos, y unas 50.000 viviendas podrían haberse retirado del mercado turístico. A partir de esos datos, la federación cifra la pérdida media en 33.000 euros por titular y estima que las tasas a los registradores podrían representar unos 20 millones en total.
Requisitos legales y plazos para reclamar
El proceso para pedir indemnización sigue la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado: los afectados disponen de un plazo administrativo de un año desde la fecha de la sentencia para iniciar la reclamación, con la fecha límite establecida hasta el 21 de mayo de 2026 según las fuentes consultadas; transcurrido ese plazo, si el Estado rechaza las peticiones, los propietarios podrán acudir a la vía judicial. La ley exige que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado para cada persona o grupo, por lo que la acumulación de facturas, reservas perdidas y certificados de bloqueo registral será clave para sostener las demandas.
Actores, responsabilidades y pasos prácticos
Los Registradores de la Propiedad defienden haber cumplido un mandato y niegan responsabilidad por la anulación, mientras que Fevitur y los juristas señalan al Estado como responsable último si finalmente se reconoce la indemnización por la invasión de competencias. El Ministerio de Vivienda, encabezado por Isabel Rodríguez, se ha mostrado reticente a asumir devoluciones generales y ha señalado a las comunidades autónomas como responsables de supervisar y revertir irregularidades administrativas en territorios como Andalucía, donde se registraron importantes denegaciones.
Qué deben hacer los propietarios ahora
Los expertos recomiendan a los titulares afectados que recopilen de forma ordenada toda la documentación que pruebe los perjuicios: recibos de tasas, comunicaciones con registradores, comprobantes de cancelación de reservas, gastos de gestión y justificantes fiscales. Ese paquete será la base para una reclamación por responsabilidad patrimonial. Además, conviene estar atento a la gestión que adopten las comunidades autónomas sobre la reapertura de inscripciones y a las instrucciones que emita el Ministerio en relación con las obligaciones de transmisión de datos a plataformas.
En definitiva, la anulación del registro único reabre un capítulo judicial y administrativo que implicará a propietarios, administraciones y operadores registrales. La resolución del conflicto y la cuantía final de las reclamaciones dependerán de cómo se individualicen los daños, de la eficacia de la documentación que presenten los reclamantes y de la postura que adopte el Estado frente a las peticiones, con un calendario procesal que obliga a actuar con rapidez para no perder los plazos establecidos.
