La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el expediente conocido como Plus Ultra ha encendido una crisis política que trasciende lo judicial. La Audiencia Nacional, bajo la instrucción del juez José Luis Calama, investiga presuntas conductas como tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, vinculadas a intermediaciones y sociedades señaladas en distintas jurisdicciones. En cuestión están también pagos por consultorías y la actuación de empresas que habrían mediado en operaciones con la aerolínea afectada y otras entidades.
La noticia produjo una reacción inmediata en el Congreso: el presidente Pedro Sánchez defendió públicamente a su excolaborador y resaltó logros de su etapa al frente del Ejecutivo, al tiempo que descartó adelantar las elecciones. El Partido Socialista ha interpretado parte de la ofensiva como lawfare, es decir, un uso de procesos judiciales con finalidad política. Sin embargo, varios socios del Gobierno se vieron obligados a matizar su apoyo y a pedir aclaraciones tras examinar el auto judicial.
Reacciones de los socios de la coalición
Los aliados que sostienen la investidura del PSOE mostraron en horas una postura más cautelosa: formaciones como Sumar, ERC, Compromís, PNV, Unidas Podemos, Izquierda Unida y EH Bildu reclamaron explicaciones y pidieron que la justicia aclare los hechos. Aunque ninguna fuerza planteó de entrada romper el Gobierno, la distancia política quedó patente en los reproches al aparato socialista por no ofrecer respuestas suficientes. El cambio de tono en menos de 24 horas subrayó la preocupación sobre el alcance del proceso y la necesidad de transparencia sobre contactos y contratos relacionados con el caso.
Sumar y la cautela
Desde Sumar, su portavoz en el Congreso expresó dudas sobre el origen de la imputación y rechazó, por ahora, plantear una salida de la coalición. Verónica Martínez habló de prudencia y de la obligación de llevar la investigación hasta el fondo, al tiempo que puso en primer plano medidas como la prórroga de los alquileres como prioridades legislativas. La formación sugirió que podría existir una estrategia de desgaste judicial, pero evitó convertir esa hipótesis en una excusa para romper el Ejecutivo.
Otras voces críticas dentro de la izquierda
Miembros de la confluencia y representantes territoriales pidieron mayor claridad y regulación sobre la actuación de expresidentes y asesores. Voces de IU y de Compromís subrayaron que cobrar por gestiones políticas puede constituir delito y demandaron cambios normativos para evitar conflictos de intereses. ERC y el PNV enfatizaron la gravedad de las acusaciones, aunque instaron a preservar la presunción de inocencia mientras avanza la instrucción.
La presión de la oposición y la respuesta del PP
En el hemiciclo la derecha no dejó pasar la ocasión. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió a los aliados del Gobierno que actúen y calificó a quienes sostienen a la coalición como posibles cómplices de una gestión que, en su opinión, degradaría la política. Feijóo anunció su voluntad de trabajar por un cambio de Gobierno pero evitó, por ahora, sumarse a la moción de censura impulsada por Vox. Santiago Abascal, por su parte, centró su intervención en otras prioridades como la inmigración y prefirió mantener la presión desde la oposición.
Testimonio en el Senado y las claves técnicas del caso
En la Cámara alta declaró el auditor Jesús Ángel Carbajo, contratado para revisar las cuentas de la aerolínea involucrada. El perito no detectó irregularidades contables de forma concluyente, pero sí señaló la existencia de facturas emitidas por la consultora Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez Martínez, persona que la instrucción sitúa como presunto intermediario. Carbajo explicó que la compañía pudo haber entrado en concurso de acreedores en 2026 si los accionistas lo hubieran decidido, pero finalmente se optó por un rescate con fondos públicos gestionado por SEPI por 53 millones de euros.
Consecuencias políticas y camino por delante
El caso abre interrogantes sobre la gestión de relaciones entre ex altos cargos y el sector privado, y revive demandas para regular actividades posteriores al ejercicio del cargo. Mientras Pedro Sánchez mantiene su apoyo a Zapatero y apela a la presunción de inocencia, la tensión entre defensa política y exigencia de aclaraciones puede marcar la agenda parlamentaria. La coalición, por ahora, resiste pero con fisuras: la combinación de presión judicial y política obligará a los partidos a gestionar simultáneamente el calendario legislativo y la respuesta pública a las nuevas pruebas que surjan en la instrucción.
