El 25 de mayo de 2026 la sede de la Diputación de Valencia acogió la reunión de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la FEMP, primer encuentro bajo la presidencia de José Francisco Salado. Los asistentes, presidentes y presidentas de las corporaciones provinciales e insulares, marcaron como objetivo central la demanda de una reforma real del modelo de financiación local que reconozca el coste real de los servicios públicos y refuerce la autonomía municipal.
Los representantes subrayaron que la igualdad entre los ciudadanos no se alcanza con declaraciones formales, sino con recursos adecuados: «la igualdad de los ciudadanos no se garantiza con discursos, sino con recursos», resumió la declaración conjunta. En ese marco se denunció que muchos ayuntamientos afrontan recortes o limitaciones por la falta de actualización de las partidas que sostienen servicios esenciales.
Diagnóstico: qué falla en el sistema actual
En el diagnóstico compartido emergieron dos problemas recurrentes. Primero, el desajuste entre competencias y financiación: se transfieren responsabilidades sin el respaldo económico necesario. Segundo, la fórmula de cálculo no contempla realidades territoriales diversas, como la estacionalidad o la dispersión poblacional. Municipalismo rural, localidades costeras con picos turísticos y municipios con despoblación acelerada sufren presupuestos que en muchos casos repiten cifras de hace una década.
Impacto en servicios y proyectos
Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, ilustró con ejemplos cotidianos: consistorios que limitan horarios en centros de salud, municipios que requieren crédito para pagar nóminas o ayuntamientos que renuncian a iniciativas de futuro para cubrir necesidades básicas. La conclusión fue clara: sin recursos adecuados desaparecen escuelas, farmacias o servicios sociales en poblaciones pequeñas.
Desigualdades entre diputaciones
Desde provincias con baja densidad hasta otras con mayor concentración demográfica, se constató que la financiación actual no atiende la extensión territorial ni la prestación efectiva de servicios. Joaquín Juste, presidente de la Diputación de Teruel, remarcó la disparidad: el importe que reciben las diputaciones no guarda proporción con el esfuerzo que supone atender territorios amplios y dispersos.
Propuestas y reclamaciones
La comisión fijó varias líneas de actuación como base para reclamar cambios legales y administrativos. En primer lugar, la actualización inmediata del sistema de participación en los ingresos del Estado para que la asignación presupuestaria refleje costes reales y no solo indicadores poblacionales estáticos. En segundo lugar, un marco competencial revisado que vincule de forma explícita las transferencias al volumen y la naturaleza de los servicios que se prestan.
Llamamiento a comunidades y Gobierno
José Francisco Salado pidió que, al legislar, las comunidades autónomas y el Gobierno central escuchen al municipalismo y acompañen cualquier transferencia de competencias con el correspondiente respaldo financiero. Salado insistió en que las diputaciones son «salvaguarda de los municipios» y reclaman medidas que eviten que existan municipios de primera y de segunda.
El papel de las diputaciones en la cohesión territorial
Francisco Javier Fernández de los Ríos, vicepresidente de la comisión y presidente de la Diputación de Sevilla, defendió el rol de las diputaciones como garantes de la cohesión territorial, social y digital, sobre todo en municipios de menos de 20.000 habitantes. Estas corporaciones, argumentaron, actúan como puente para mantener derechos y servicios en localidades pequeñas y dispersas.
Los asistentes coincidieron en que la búsqueda de soluciones pasa por el consenso y la cooperación entre administraciones. La declaración resultante de la cumbre valenciana servirá como documento de trabajo para impulsar propuestas ante foros autonómicos y estatales, y también como base para negociar la actualización del modelo de financiación.
Balance y pasos siguientes
En el cierre de la reunión, Vicent Mompó agradeció el esfuerzo realizado por las diputaciones durante «dos años especialmente difíciles» y resaltó el acuerdo del Consejo Municipalista Andaluz en defensa de la autonomía local y de una financiación suficiente. Ese texto será estudiado por las entidades provinciales como punto de partida para las iniciativas futuras.
La comisión espera que la reunión del 25 de mayo de 2026 marque un punto de inflexión y que las demandas de financiación justa, reconocimiento del coste real y refuerzo de la autonomía local se traduzcan en medidas concretas que garanticen servicios y equidad para todos los municipios.