El viernes 2 de octubre de 2026 se celebró en O Grove el Foro La Toja – Vínculo Atlántico una mesa redonda que reunió a los máximos representantes de las tres nacionalidades históricas: Alfonso Rueda (presidente de la Xunta de Galicia), Imanol Pradales (lehendakari del Gobierno Vasco) y Salvador Illa (presidente de la Generalitat de Catalunya). Moderó el encuentro Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España, y el debate giró en torno a la descentralización el modelo de financiación autonómica y la urgente cuestión de la vivienda.
Los tres mandatarios coincidieron en que la estabilidad política de sus territorios es indispensable para impulsar la competitividad regional. Rueda destacó que Galicia disfruta de una continuidad institucional que permite diseñar políticas de largo plazo, mientras que Pradales resaltó que la estabilidad en Euskadi se traduce en crecimiento económico sostenible. Illa, por su parte, subrayó que la cohesión entre las comunidades fortalece a España en su conjunto y que la presencia conjunta de los tres presidentes enviaba un mensaje de unidad nacional.
Descentralización: argumentos y divergencias
Al iniciar su intervención, Rueda defendió la necesidad de una descentralización bien planteada asegurando que el Estado autonómico sigue vigente y que la distribución de competencias debe respetar la igualdad básica entre comunidades. «Galicia no quiere ser más que nadie, pero tampoco puede aceptar ser menos», afirmó, recordando que la cooperación solo funciona con condiciones de igualdad. Pradales, sin negar la importancia de Madrid, advirtió sobre una «deriva» hacia la concentración de poderes en la capital, lo que consideró perjudicial para la cohesión territorial y generador de tensiones políticas.
Illa tomó la palabra para reforzar la idea de que Galicia, Euskadi y Cataluña forman parte integral de España, y que la descentralización no implica enfrentamiento sino complementariedad. Aunque reconoció que el modelo propuesto por el Gobierno central no satisface a todos, lo describió como una hoja de ruta que, al menos, «reduce las diferencias entre comunidades». En su posición, la reforma del marco financiero es un paso necesario para equilibrar el juego entre los distintos niveles de gobierno.
Financiación autonómica: el punto de fricción
El Gobierno de Pedro Sánchez presentó un plan que inyectaría 21.000 millones de euros a las comunidades de régimen común, pero Rueda lo calificó de «colocación de Galicia entre los segundos y los terceros por la cola». Según el presidente gallego, esa propuesta niega la evolución demográfica y la demanda creciente de servicios públicos en la comunidad. «No estábamos en esa posición, ni mucho menos», rebatió, y añadió que la falta de una financiación justa impediría la verdadera cohesión territorial.
En respuesta, Illa señaló que la reforma del modelo financiero es «caducado» y que, aun cuando no sea del agrado de todos, al menos «nadie pierde» porque se homogenizan los recursos. Subrayó que son 21.000 millones que pasarían del Estado a las comunidades de régimen común. Pradales recordó que Euskadi, al regirse por su concierto económico, no se ve afectado directamente, pero sí indirectamente a través de la Ley de cupo quinquenal y la posible condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Vivienda: críticas, propuestas y urgencia electoral
Justo antes de la votación en el Congreso de los decretos de vivienda, los tres dirigentes abordaron la crisis habitacional. Rueda denunció que las medidas del Gobierno no aumentan la oferta y advirtió que muchos propietarios podrían retirar sus inmuebles del mercado si se les impone la responsabilidad de asumir rentas o buscar soluciones para desalojados. Propuso «menos dogmas, soluciones contra reloj y más planificación para construir y permitir que otros construyan», y recordó la meta de 20.000 viviendas públicas en la presente legislatura.
Pradales criticó la falta de un «clima político» propicio para pactar al menos un marco de referencia en materia de vivienda, mientras que Illa cargó contra Junts por bloquear los dos reales decretos presentados por el Gobierno central, calificándolos de «grave error» de un partido que supuestamente defiende los intereses de los catalanes. Al cerrar la mesa, Antón Costas preguntó si los presidentes se atreverían a fijar una fecha para las elecciones generales; sólo Rueda respondió: «Yo lo tengo fácil, cuanto antes».
