La negociación entre el PSC de Salvador Illa y ERC, liderada por Oriol Junqueras, sigue una hoja de ruta pensada para acelerar la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat una vez que pase la convocatoria electoral en Andalucía, prevista para el 17 de mayo. El acuerdo, que fuentes de ambas formaciones dan por casi cerrado, articula plazos y compromisos técnicos y políticos para sortear meses de prórrogas y recuperar la normalidad financiera autonómica. En este contexto, tanto el calendario como las fórmulas de gestión de inversiones son elementos centrales del trato.
En paralelo a la negociación parlamentaria, los equipos contemplan una serie de hitos: la aprobación formal del proyecto presupuestario por parte del Govern, su envío al Parlament y, como momento político relevante, la celebración de una comisión bilateral Estado-Generalitat que ERC entiende como una vía para materializar compromisos en obra pública y movilidad. Mientras tanto, la gestión del IRPF y la ampliación de competencias fiscales permanecen sobre la mesa como una demanda estratégica de ERC, si bien el partido ha decidido priorizar por ahora los compromisos en materia de infraestructuras.
Calendario y pasos previstos
Las fuentes consultadas describen un calendario escalonado que arranca inmediatamente después de los comicios andaluces. El primer paso es la ratificación interna del pacto en los órganos de ERC, seguida por la aprobación en el Govern del proyecto presupuestario y su remisión al Parlament para su tramitación parlamentaria. El objetivo declarado por los socios es cerrar la tramitación antes del final del periodo de sesiones, evitando así una nueva prórroga. Ese plan combina ritmo político y cuidados estratégicos para minimizar el impacto mediático que pueda penalizar al PSOE en otras autonomías.
Infraestructuras como moneda de cambio
Uno de los ejes centrales del acuerdo es la apuesta por grandes proyectos de movilidad. En el listado de compromisos figura la financiación, asumida por el Estado, de un eje ferroviario que conecte las principales ciudades del área metropolitana de Barcelona. Se trata de una promesa con alto calado técnico y económico que ERC plantea como contraprestación tangible a su apoyo a las cuentas. La prioridad en infraestructuras sirve además para mostrar avances inmediatos en política territorial y movilidad, materias que los republicanos consideran claves para su discurso de soberanía.
Eje ferroviario: alcance y financiación
El proyecto ferroviario se describe como una línea férrea de ancho ibérico pensada para articular el área metropolitana y descongestionar la red actual. En las conversaciones se ha señalado que su coste superará los 5.000 millones de euros y que la administración central asumirá la inversión. Para ERC, este tipo de iniciativas son imprescindibles no solo por su impacto en la movilidad sino también por el mensaje político de capacidad de ejecución. Técnicamente, su planificación recoge plazos de implantación a largo plazo y fases de ejecución que deberán concretarse en la bilateral con el Gobierno.
Hacienda propia y la fórmula para las inversiones
La exigencia de ERC de avanzar hacia una mayor gestión fiscal por parte de la Generalitat continúa vigente: el objetivo declarado es que la Hacienda catalana llegue a administrar el impuesto más relevante en recaudación, el IRPF. No obstante, las negociaciones con el Ministerio de Hacienda y la disponibilidad política estatal condicionan cualquier paso concreto. Por ello, y ante el bloqueo del diseño inicial en el Congreso, las partes buscan alternativas operativas para acelerar proyectos y no depender exclusivamente de reformas legislativas complejas.
Consorcio vs sociedad mercantil
El plan original incluía la creación de un consorcio de inversiones institucional que supervisara la llegada de fondos del Estado a Cataluña, una vía que quedó frustrada en el Congreso. Como solución práctica, se propone la constitución de una sociedad mercantil que actúe como ejecutora directa del nuevo eje ferroviario y de otras inversiones públicas. Esta fórmula permitiría sortear trámites legislativos y disponer de un instrumento operativo con capacidad técnica y contractual para lanzar obras con mayor agilidad.
En definitiva, el acuerdo que se perfila entre PSC y ERC combina un calendario político muy concreto, la materialización de inversiones emblemáticas y la reactivación de fórmulas administrativas alternativas para ejecutar proyectos. El resultado dependerá de la refrendación interna de los partidos, de la concreción de compromisos en la comisión bilateral y de la capacidad de ambas partes para equilibrar concesiones fiscales con beneficios tangibles en obra pública y servicios.
