En una entrevista concedida el 23 de octubre al canal económico Channel 10, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó su inquietud por la posibilidad de que el sistema bancario del país enfrente restricciones internacionales. Ante esa amenaza, indicó que había dado la orden de elaborar un plan basado en blockchain que permitiera a Israel mantener flujos financieros en caso de que se impusieran sanciones bancarias.
La declaración dejó clara la intención política, pero no se ofrecieron detalles operativos. Hasta el momento no se ha revelado qué entidad gubernamental supervisará el proyecto, qué cadena de bloques se utilizará, ni qué criptomoneda serviría de referencia. Tampoco se anunciaron recursos presupuestarios, plazos de ejecución ni un marco legal que respalde la iniciativa. En esencia, la propuesta sigue siendo un mandato genérico sin una hoja de ruta concreta.
Orden de Netanyahu y vacíos de información
La ausencia de información concreta genera incertidumbre tanto en el sector financiero como en el tecnológico. Sin una designación pública de la agencia responsable, el proceso de selección de la tecnología queda abierto a especulaciones. Asimismo, la falta de una blockchain específica impide evaluar su capacidad de escalar, su nivel de privacidad o su compatibilidad con normas internacionales de conozca a su cliente (KYC) y de prevención de lavado de dinero (AML). La indefinición de la criptomoneda también es crítica: mientras algunos activos son más volátiles, otros, como los stablecoins, están vinculados a reservas fiduciarias que podrían verse afectadas por regulaciones.
¿Puede una blockchain eludir sanciones?
Una red pública de blockchain permite transferencias directas entre partes que controlan sus claves privadas, sin pasar por intermediarios bancarios tradicionales. Sin embargo, el uso de estas plataformas no equivale a invisibilidad total. Las transacciones quedan registradas de forma permanente y pueden ser rastreadas mediante técnicas de análisis de cadena, lo que permite a entidades reguladoras identificar direcciones vinculadas a actores sancionados. Además, los exchanges y proveedores de stablecoins están obligados a aplicar filtros de cumplimiento; pueden bloquear direcciones o congelar tokens cuando reciben órdenes judiciales o sanciones internacionales.
En el caso de stablecoins, la mayoría depende de reservas bancarias gestionadas por emisores centralizados. Estos emisores pueden suspender la circulación de los tokens o negarse a procesar conversiones a moneda local, limitando la utilidad de la solución para transacciones de gran escala o para la adquisición de bienes y servicios críticos.
Estrategia de autonomía más allá del cripto
El llamado a la blockchain se inserta en una estrategia más amplia que busca reducir la dependencia de Israel de la ayuda militar de Estados Unidos. Netanyahu advirtió que la asistencia estadounidense no es indefinida y anunció presupuestos de cientos de miles de millones de shekels para reforzar la producción nacional de municiones y equipos de defensa. Al combinar esa iniciativa con la exploración de tecnologías financieras descentralizadas, el gobierno pretende crear un marco de autonomía económica capaz de resistir presiones externas.
Expertos citados por medios locales señalan que una infraestructura privada controlada por Israel tendría más margen de maniobra que una red pública, pero aun así requeriría cooperación con contrapartes extranjeras para garantizar liquidez y acceso a mercados internacionales. Sin esos aliados, una solución nacional de blockchain tendría dificultades para ofrecer los niveles de conectividad que demandan las transacciones comerciales de gran volumen.
En síntesis, la orden de Netanyahu constituye una señal de alerta política más que un proyecto técnico terminado. La efectividad de la medida dependerá del diseño concreto de la arquitectura, de la selección de activos digitales y de la disposición de socios internacionales a participar en un ecosistema que potencialmente desafíe normas sancionarias.
