El Parlament de Catalunya ha dado un paso significativo hacia la regulación del mercado inmobiliario con la aprobación de la tramitación acelerada de una ley que limita la compra de viviendas en zonas tensionadas. Esta iniciativa, impulsada por los Comuns y apoyada por el PSCERC y la CUP busca frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda.
Sin embargo, la aprobación definitiva se ha visto retrasada debido a la solicitud de un dictamen por parte de Junts per Catalunya y el PP al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Este paso impedirá que la normativa se vote de forma definitiva antes del parón veraniego.
Detalles de la normativa propuesta
La ley modifica la Ley de Urbanismo y permite a los ayuntamientos limitar la compra de viviendas en zonas tensionadas si no se destinan a la residencia habitual o al alquiler tradicional. La adquisición de edificios enteros solo se permitirá si es para alquilar los pisos, y se prohibirá su uso para vivienda turística o de temporada.
La normativa afectará a los 271 municipios catalanes declarados como zonas de mercado residencial tensionado, donde vive el 90% de la población de Catalunya. Los compradores deberán acreditar el uso residencial de las viviendas adquiridas, y las infracciones podrán ser sancionadas con multas de hasta 1,5 millones de euros.
Reacciones del sector inmobiliario
Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores de Catalunya (Apce Catalunya) ha calificado la medida de aberración jurídica y ha advertido que afectará al acceso a la vivienda. Vilajoana ha señalado que la limitación de la compra de viviendas en función de su uso choca con el derecho a la propiedad y restringe la libertad de elección de residencia.
El sector privado y académico ha expresado su preocupación por el impacto de la ley en la oferta de alquiler. Según datos de la Cátedra de Análisis del Mercado de la Vivienda de Tecnocasa y la UPF, solo el 8,2% de las viviendas adquiridas este año en Barcelona se han puesto en alquiler, frente al 25,5% registrado en 2026. En el conjunto de España, el porcentaje ha descendido del 25,3% en 2026 al 19% en 2026.
Posible inconstitucionalidad y acciones legales
La entidad Som Habitatge ha presentado un informe sobre la constitucionalidad de la proposición de ley, elaborado por los catedráticos Sergio Nasarre y Héctor Simón. El informe concluye que la ley es inconstitucional y vulnera el derecho a la propiedad privada y a la libre circulación de capitales.
Som Habitatge está en conversaciones con grupos de la oposición para llevar estas objeciones al CGE y considerar acciones legales ante los tribunales. La aprobación definitiva de la ley dependerá de lo que determine el Parlament en los próximos días.
