El Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) ha marcado un antes y después en el sector de las criptomonedas en la Unión Europea (UE). Desde su entrada en vigor en diciembre de 2026, solo una de cada cinco empresas ha logrado obtener la licencia necesaria para operar. Este cambio normativo ha generado un escenario de incertidumbre y adaptación para muchas plataformas.
Según un informe reciente de la consultora TRM de las 1.343 plataformas que operaban antes de la normativa, solo 281 habían obtenido la licencia correspondiente cuando concluyó el periodo transitorio el pasado 1 de julio. Sin embargo, 42 empresas más lograron la autorización fuera de plazo, según los registros de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). El proceso de autorización sigue abierto, por lo que esta cifra podría aumentar.
Las consecuencias para las empresas no autorizadas
Las empresas que no han conseguido la licencia MiCA se enfrentan a un dilema: cesar sus operaciones, reestructurarse o trasladar a sus clientes a una empresa autorizada. El reglamento europeo estableció un plazo transitorio para que las entidades registradas en cada estado miembro pudieran adaptarse a los nuevos requerimientos. Con la finalización de este plazo, las normas son ahora plenamente exigibles.
Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de las 77 solicitudes recibidas hasta julio, se habían autorizado 20 y 16 seguían en trámite. Antes de la entrada en vigor del reglamento europeo, había al menos 108 proveedores con registro en el Banco de España. La nueva regulación eleva las exigencias de capital y gobierno corporativo, exige mayor transparencia y obliga a mantener los fondos de los clientes separados de los recursos propios de estas plataformas.
Los desafíos de adaptación
El sector sostiene que los requisitos de MiCA son muy exigentes. Según Eloi Noya director de Innovación en el Instituto de Estudios Financieros (IEF) la mayoría de los operadores que aspiraban a conseguir la licencia eran startups con equipos reducidos. Sin embargo, los requisitos impuestos son típicos de una entidad financiera, lo que implica tener un departamento de cumplimiento normativo, numerosos controles y empleados dedicados a funciones específicas.
Carlos Rodríguez director ejecutivo y cofundador de AhoraCrypto explica que su empresa pasó por el mismo escrutinio que un banco, pero con un equipo pequeño. Según él, adaptarse a MiCA exige construir el producto y el cumplimiento desde el primer día, no como un añadido posterior.
El caso de Binance y otras plataformas
Entre las entidades que no han conseguido pasar el filtro de MiCA destaca Binance la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Binance sigue esperando la autorización preceptiva y dejó de operar en la UE tras vencer el periodo transitorio de adaptación de MiCA. Para saber si un proveedor de servicios de criptomonedas está autorizado, se puede consultar el listado de la CNMV.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda no buscar solo por el nombre comercial de la aplicación, sino también por la razón social exacta de la empresa que presta el servicio. En caso de comprobar que una plataforma en la que se tienen fondos no está autorizada, la organización recomienda pedir por escrito un plan de migración para retirar los criptoactivos o transferir el dinero a una cuenta de efectivo.
El impacto de MiCA no se limita a las plataformas de intercambio. También ha creado una división inesperada entre los emisores de stablecoins. De los 23 autorizados como tokens de dinero electrónico, solo nueve pueden ofrecer servicios de custodia para sus propios activos en el segmento corporativo. Esta asimetría deja a 14 empresas en una posición vulnerable y otorga una ventaja competitiva a actores como Circle y Société Générale-Forge.
Patrick Hansen jefe de Estrategia y Política de la UE en Circle, calificó la situación como una trampa regulatoria que limita gravemente la gama de servicios disponibles. El proceso de notificación del Artículo 60 de MiCA puede tardar hasta un año, obligando a alianzas forzadas como la de Schuman Financial con Ripple.
La capacidad de custodiar activos representa un pilar fundamental para empresas que buscan integrar pagos automatizados y servicios institucionales sobre infraestructura de stablecoins. Sin una licencia CASP el espacio de operación se reduce drásticamente. Esta limitación representa un freno considerable para la adopción empresarial de stablecoins en euros.
En este escenario, Mónaco también está preparando una nueva regulación cripto para reemplazar su marco adoptado en 2026. El proyecto de ley n° 1131 busca acercar el Principado a los estándares europeos y a las normas del Grupo de Acción Financiera (GAFI). El nuevo texto define más explícitamente los servicios que pueden ejercerse legalmente en el Principado y introduce requisitos reforzados respecto a la gobernanza y la deontología profesional.
Esta reforma se produce más de un año después de la inscripción de Mónaco en la lista europea de países de alto riesgo de blanqueo de dinero de la Comisión Europea. El Principado también figura en la lista gris del GAFI desde el verano de 2026. La alineación con MiCA se inscribe en una evolución hacia un marco regulatorio más estricto y alineado con las expectativas internacionales.
