En la fase final de la campaña electoral, el Gobierno ha preparado un Real Decreto-Ley que será remitido a la Diputación Permanente del Congreso para su convalidación. El texto reúne una serie de reformas que buscan reforzar la red de protección social en ámbitos tan delicados como la viudedad la violencia de género, la enfermedad grave infantil y las víctimas de actos terroristas.
Incidencia en la incapacidad temporal y la violencia de género
Una de las novedades más destacadas es la mejora de la prestación por incapacidad temporal para mujeres que padecen patologías vinculadas a la menopausia y para quienes son víctimas de violencia de género. La ayuda ascenderá al 60 % de la base reguladora durante los primeros 20 días de baja y al 75 % a partir de ese momento. La empresa seguirá abonando el salario al instante de la baja, pero a partir del día 21 la seguridad Social asumirá el pago, aligerando la carga económica de la trabajador afectada.
Reforma de la CUME y apoyo a padres cuidadores
El decreto también transforma la CUME (cuidado de menores con enfermedad grave). Ahora ambos progenitores podrán cobrar la ayuda de forma alternativa o simultánea lo que facilita la conciliación familiar. Además, la prestación podrá prolongarse más allá de los 26 años cuando el menor presente una dependencia de grado III o una discapacidad de elevada intensidad, garantizando una cobertura más extensa para familias en situaciones críticas.
Extensión de las pensiones de viudedad y reconocimiento de parejas de hecho
En materia de pensiones, el proyecto amplía el acceso a la pensión de viudedad a las parejas de hecho siempre que compartan hijos. Este criterio sustituye la exigencia de un registro formal, eliminando un obstáculo que había generado denegaciones. Las solicitudes rechazadas podrán ser revisadas en los próximos 12 meses, ofreciendo una vía de recurso para quienes fueron excluidos.
Mejoras en pensiones extraordinarias por terrorismo y protección de huérfanos
Las pensiones vinculadas a actos terroristas recibirán un aumento sustancial: ninguna podrá ser inferior a dos salarios mínimos (2 442 euros al mes), lo que supone un 36 % más que la cuantía actual. Asimismo, los huérfanos de violencia de género dispondrán de una prestación contributiva mínima de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y una no contributiva que podrá alcanzar el mismo tope, fortaleciendo la garantía económica de los menores afectados.
Ampliación del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos
Para proteger a los niños cuando un progenitor incumple sus obligaciones alimentarias, el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos se triplica de 100 a 300 euros por beneficiario y se extiende su duración. Esta medida busca asegurar la continuidad de la manutención mientras se resuelven los procesos judiciales.
Todo el conjunto de disposiciones está programado para entrar en vigor antes de la jornada electoral del 29 de noviembre, lo que permite al Ejecutivo presentar estas medidas sociales como último impulso a sus propuestas de gobierno, mientras se contempla la posibilidad de subir el SMI y revalorizar las pensiones con el IPC.
