La puesta en marcha del acuerdo con Mercosur y la decisión política que lo aprobó han generado una tensión inédita entre quienes defienden la protección tradicional de la agricultura y quienes piden mayor apertura y eficiencia. Tras décadas de influencia política del lobby agrario, el 1 de mayo entró en vigor un tratado que obliga a los gobiernos europeos a replantear la forma en que sostienen a los agricultores, y que llega en un momento en que la revisión de la Política Agrícola Común (PAC) está sobre la mesa.
Durante años la PAC ha cumplido una doble función: asegurar el suministro de alimentos y mantener un modelo rural caracterizado por pequeñas explotaciones familiares. Esa dualidad explica por qué los agrarios consiguieron apoyo político sistemático. Pero la apertura a mercados de Brasil y Argentina y las presiones geopolíticas recientes obligan a una reflexión profunda sobre si mantener ese viejo marco o permitir una reestructuración basada en la competencia y la escala.
Un poder en retroceso y los límites de la protección
La tradición de movilización sectorial en Bruselas no es nueva: desde los años 1960 los agricultores han ido a la capital para defender sus intereses. No obstante, la aprobación del acuerdo, votada por un margen estrecho tras concesiones, mostró que el influjo del lobby agrario puede estar cediendo terreno. El modelo que protegía precios y otorgaba ayudas generosas creó un tejido de explotaciones que prioriza el sustento rural sobre la eficiencia, pero esa misma protección se ha convertido en un punto vulnerable en negociaciones comerciales y en la estrategia geopolítica de la UE.
La disyuntiva de la PAC
La PAC, diseñada en 1962 para garantizar la autosuficiencia alimentaria, consume una porción significativa del presupuesto europeo y ha evolucionado desde subsidios ligados a la producción hasta pagos por superficie y objetivos ambientales. Reformas de los años 2000 redirigieron apoyos hacia la posesión de la tierra y la sostenibilidad, mientras que medidas como la eliminación de las cuotas lácteas en 2015 incentivaron la exportación. Hoy, la Comisión y los Estados deben decidir si priorizan la competitividad y la resiliencia o la preservación del paisaje rural y las tradiciones.
Consecuencias económicas y comerciales
La UE ya es el mayor exportador agroalimentario mundial: el superávit alcanzó 50.000 millones de euros en el último balance registrado, con exportaciones por 238.400 millones y unas importaciones valoradas en 188.600 millones. Estudios de mercado, como el del banco ING, estiman que el acuerdo podría aumentar las exportaciones totales en 50.000 millones anuales hacia 2040, aunque solo 1.000 millones procedan del sector alimentario. Las ganancias se concentrarían en segmentos como vinos y productos con denominación de origen, mientras que la carne de vacuno, las aves y el azúcar quedarían más expuestos.
Riesgos geopolíticos y costes crecientes
Además de la competencia, factores externos han subrayado la fragilidad del sistema: la guerra en Ucrania y la reciente escalada en la zona del Golfo dispararon precios de energía y fertilizantes; en algunos casos los fertilizantes se han encarecido hasta un 80% tras ataques en la región. Esa realidad refuerza el argumento de quienes piden apoyo continuado: la agricultura, sostienen, no es solo una actividad económica sino una capacidad estratégica. Autoridades como el comisario de Agricultura insisten en orientar las ayudas hacia quienes realmente producen alimentos.
Transformación del tejido agrario
El número de explotaciones en la UE ha caído de 14,4 millones en 2005 a 8,8 millones en 2026, mientras que la superficie agrícola se mantuvo estable, lo que refleja una concentración creciente. Algunos agricultores se han reinventado con productos de mayor valor añadido —vinos, quesos, productos con IG—, pero también han surgido inversores institucionales interesados en explotaciones a gran escala, especialmente en países del sur como España y Portugal. Este proceso plantea preguntas sobre identidad rural y sostenibilidad socioeconómica.
Identidad vs. eficiencia
Organizaciones como Coldiretti defienden que las pequeñas explotaciones preservan paisajes, tradiciones y gastronomía, elementos que suman valor a productos con denominación. Sin embargo, expertos como académicos del Trinity College apuntan que, incluso sin la PAC, la producción podría caer solo ligeramente, y que la modernización hacia unidades más grandes aumentaría la eficiencia. Es una decisión política tanto como técnica: ¿priorizar la conservación de un modelo social o apostar por una agricultura más orientada al mercado?
La entrada en vigor del acuerdo con Mercosur y la próxima revisión de la PAC obligan a la UE a elegir entre dos caminos: seguir sosteniendo un modelo rural protegido o impulsar una adaptación que mejore la competitividad global. Sea cual sea la opción, el debate continuará marcado por el choque entre intereses locales, exigencias comerciales y riesgos geopolíticos.
