En los últimos meses, tres procesos judiciales de gran calado han puesto bajo la lupa a organizaciones que operaron al margen de la ley, generando pérdidas millonarias para el Estado y para usuarios de servicios financieros. Desde una trama de prestanombres en Curicó hasta la responsabilidad civil de obras públicas en Santiago, y el desmantelamiento de una red transnacional de megafraude bancario en Estados Unidos, la justicia ha emitido sentencias que marcan precedentes importantes.
Fraude tributario en Curicó: sentencia y operativa
Una investigación iniciada a raíz de una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló una estructura organizada en la zona de Curicó cuya finalidad era reclutar a personas en situación de vulnerabilidad para crear sociedades pantalla. Cada individuo recibía alrededor de 300.000 pesos en efectivo y, a cambio, firmaba escrituras que lo convertían en representante legal de una de las 19 empresas ficticias sin activos ni actividad comercial. Estas entidades servían como fachada para generar facturas electrónicas falsas de supuestas ventas de frutas, que luego se vendían a dos firmas “traspasadoras” para ser incorporadas a una empresa final, Agrocomercial San Antonio Limitada, la cual utilizó los créditos fiscales para evadir el IVA y reducir su base imponible del Impuesto de Primera Categoría.
El Juzgado de Garantía de Curicó declaró culpables a seis miembros de la red – Daniel Aliaga Hernández, José Cruz Varas, Carlos Sepúlveda González, Raúl Galdames Soto, Ramón Ormazábal Marambio y Pedro Reyes Reyes – quienes aceptaron los hechos bajo el procedimiento abreviado. Cada uno recibió dos penas de 200 días de presidio menor, sustituidas por una remisión condicional de un año y multas correspondientes. No obstante, el proceso sigue abierto para los cabecillos que actuaron como representantes y administradores de las compañías receptoras; ellos no optaron por el proceso abreviado y deben enfrentar la fase de juicio oral.
Inundación del Mapocho 2016: responsabilidad compartida de Costanera Norte, Sacyr y el Estado
El 22° Juzgado Civil de Santiago resolvió que la catástrofe ocurrida el 17 de abril de 2016 no fue fruto de un fenómeno natural inevitable, sino el resultado de las obras de desvío del cauce del río Mapocho realizadas dentro del Programa Santiago Centro-Oriente. La sentencia, que incorporó el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo, declaró responsable a la concesionaria Costanera Norte S.A., a la constructora Sacyr Chile S.A. y al propio Fisco, distribuyendo la indemnización por daños en partes iguales entre los tres.
Las inundaciones provocaron la entrada de agua, barro y escombros en túneles subterráneos, estacionamientos, oficinas, locales comerciales y hoteles de Providencia, generando pérdidas materiales y la paralización de actividades económicas. El tribunal determinó que, de no haberse intervenido artificialmente el cauce, el río habría podido absorber el caudal registrado. Por ello, la responsabilidad recayó tanto en la entidad concesionaria, que debía garantizar medidas de contención, como en Sacyr, encargada de la ejecución, y en los organismos estatales que autorizaron y fiscalizaron las obras sin aplicar los controles necesarios.
Megafraude bancario en EE. UU.: 14 acusados y más de 370 millones de dólares
Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó cargos contra catorce personas, entre ellas el supuesto líder Muhamed Dieye, por una conspiración que habría manipulado cuentas bancarias por un total superior a 373 millones de dólares estadounidenses. La acusación, formalizada el 26 de agosto de 2026 y revelada el 3 de noviembre, detalla una operativa que duró de julio de 2023 a noviembre de 2024, durante la cual los implicados obtuvieron datos de identificación personal de casi 3.000 víctimas, crearon documentos falsos, suplantaron identidades y robaron códigos de seguridad mediante la manipulación de tarjetas SIM.
Según la Fiscalía, la red contó con la colaboración de empleados corruptos de bancos y compañías de telecomunicaciones para sortear los sistemas de autenticación y transferir fondos de entidades como Truist Bank, Bank of America, JPMorgan Chase y Charles Schwab. Entre los movimientos investigados destaca un intento de traslado de 2 millones de dólares al Emirates Islamic Bank. Dieye fue detenido en el aeropuerto John F. Kennedy cuando intentaba abandonar el país, y los demás acusados fueron arrestados en distintas ciudades de EE. UU., incluyendo Florida y Texas.
El proceso judicial sigue su curso, y los 14 imputados enfrentan cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude bancario y robo de identidad agravado. Las autoridades federales han señalado que la magnitud del esquema y la cantidad de recursos sustraídos lo convierten en uno de los mayores fraudes financieros detectados en la historia reciente del país.
Estos tres casos, aunque se desarrollan en contextos geográficos y legales diferentes, comparten la característica de haber vulnerado el sistema tributario y financiero, provocando perjuicios millonarios a la sociedad. Las sentencias demuestran una creciente disposición de los tribunales a emplear herramientas tecnológicas y a responsabilizar tanto a individuos como a grandes corporaciones por daños causados, sentando precedentes que podrían influir en futuras investigaciones y en la formulación de políticas de prevención.
